Un grupo indígena dijo el martes que llevará su lucha contra la mina de cobre propuesta por Río Tintos en Arizona al Tribunal Supremo de EE.UU., después de que un tribunal federal de apelaciones se negara a reconsiderar si el gobierno de EE.UU. pudo haber transferido tierras indebidamente al promotor.

El grupo dijo que pediría al alto tribunal que se pronunciara después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, rechazara una apuesta arriesgada para que el pleno de 29 jueces reconsiderara decisiones anteriores de no bloquear una cesión de tierras para el proyecto. El tribunal no dio explicaciones sobre su decisión.

El proyecto Resolution Copper, una asociación entre Río y BHP, suministraría más de una cuarta parte del cobre estadounidense, necesario para construir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares. Éstos son fundamentales para los planes federales de lucha contra el cambio climático.

Apache Stronghold, un grupo sin ánimo de lucro formado por miembros de la tribu apache de San Carlos y otros, afirman que el intercambio de tierras en un bosque federal al noreste de Phoenix viola la ley de protección religiosa porque destruiría un lugar donde se han celebrado ceremonias indígenas durante generaciones.

Luke Goodrich, abogado de Apache Stronghold, dijo que el Tribunal Supremo ha tomado 25 casos de libertad religiosa desde 2011, y falló a favor de los argumentos de libertad religiosa en 24 de ellos.

Volar al olvido el lugar sagrado central de los apaches occidentales es una gran violación de la libertad religiosa, dijo.

Un portavoz de Resolution Copper dijo que el plan de la mina se desarrolló en colaboración con varios niveles de gobierno, comunidades nativas americanas y otros. El portavoz dijo que seguirán colaborando con esos grupos en el futuro.

El gobierno estadounidense no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El terreno en cuestión, de 980 hectáreas (2.422 acres), fue autorizado a ser transferido en 2014 por el Congreso como parte de un proyecto de ley de defensa, a cambio de 5.459 acres de tierras privadas en otros lugares de Arizona.

Un tribunal de distrito de Arizona se negó a bloquear preliminarmente el intercambio de tierras en 2021, y el 9º Circuito había ratificado dos veces esa decisión antes de denegar la última solicitud el martes. (Reportaje de Clark Mindock Edición de Marguerita Choy)