La policía detuvo este mes a 10 personas, entre ellas abogados, activistas, periodistas y responsables de grupos de la sociedad civil, en lo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch describieron como una represión y pidieron a las autoridades que respetaran el derecho de los tunecinos a la libertad de expresión y las libertades civiles.
Y la semana pasada, miles de abogados se declararon en huelga después de que la policía asaltara por segunda vez la sede del Colegio de Abogados y detuviera a dos letrados, tras lo cual el Colegio afirmó que uno de los dos había sido torturado, acusación que el Ministerio del Interior negó rotundamente.
Con motivo del 47º aniversario de la creación de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, los 10 grupos de defensa de los derechos hicieron un llamamiento en la conferencia de Túnez en favor de un frente unido contra lo que calificaron de ataque sin precedentes a las libertades.
Responsables del sindicato UGTT, de la Liga de Derechos Humanos y del Colegio de Abogados afirmaron que los tunecinos no aceptarían la pérdida de la libertad de expresión y de los derechos civiles.
No se pudo contactar inmediatamente con nadie del Ministerio del Interior para que hiciera comentarios. El presidente Saied ha dicho en repetidas ocasiones que las libertades están garantizadas y que la ley se aplica a todos.
Saied, que llegó al poder tras unas elecciones libres en 2019 y dos años después cerró el parlamento electo y pasó a gobernar por decreto, afirma que sus medidas pretenden poner fin a años de caos y corrupción.
Pero los opositores políticos afirman que las libertades, incluida la de prensa, se enfrentan a graves amenazas bajo el gobierno de Saied.
"...Nos hemos vuelto preocupantemente temerosos por logros que creíamos irreversibles. En un año tenemos 41 periodistas procesados por la justicia. Tenemos cuatro periodistas en prisión", declaró el sábado Zied Dabbar, presidente del sindicato nacional de periodistas.
