Los incentivos han costado a las arcas públicas más de 200.000 millones de euros (215.000 millones de dólares) en sólo cuatro años. El más generoso, el llamado "Superbonus", permitía a los propietarios de viviendas reclamar de sus impuestos el 110% del coste de las obras de ahorro energético.
"Presentaremos nuestra propia enmienda, asumiendo nuestra responsabilidad", declaró Giorgetti al margen de los trabajos parlamentarios.
El Tesoro considera que la deuda pública italiana, la segunda mayor de la zona euro en proporción a la producción y sometida a una estrecha vigilancia por parte de las agencias de calificación, aumentará hasta casi el 140% del PIB hasta 2026 debido al coste de los incentivos.
Introducido en 2020, el Superbonus permitía al propietario de una vivienda deducir el coste de las obras de construcción de sus impuestos durante un periodo de 4 a 10 años, o utilizar el crédito fiscal como forma de pago al tratar con constructores o bancos. Los compradores del crédito fiscal podían entonces venderlo de nuevo, o deducir la suma de su propia factura fiscal.
El gobierno italiano, que en marzo bloqueó la opción de vender los créditos fiscales derivados de las obras de construcción con pocas excepciones, planea ahora que el coste de las obras realizadas desde principios de 2023 pueda deducirse de la factura fiscal durante un periodo de diez años.
"El escalonamiento en diez años no será una opción, sino una obligación", dijo Giorgetti.
El gobierno espera que la medida mejore la tendencia de la deuda italiana o evite nuevos excesos en los próximos años.
Giorgetti también dijo que se oponía a las propuestas parlamentarias destinadas a suavizar los frenos a los incentivos.
El banco central de Italia dijo el mes pasado que el gobierno debería eliminar el Superbonus, cuya supresión gradual está prevista para finales del año que viene, si las restricciones adoptadas resultan insuficientes.
La propuesta del banco central "habría sido bienvenida si se hubiera hecho en 2021, 2022 o 2023, mientras que sólo llega en 2024", replicó el ministro.
Gran parte de los créditos fiscales se han acumulado durante la gestión de Giorgetti, desde que el gobierno de derechas dirigido por la primera ministra Giorgia Meloni asumió el poder en octubre de 2022.
Italia debe adoptar una postura prudente respecto a sus crujientes finanzas estatales, ya que se dispone a entablar conversaciones con las autoridades de la Unión Europea para cumplir la última reforma de las normas fiscales del bloque, que tienen dos décadas de antigüedad.
(1 dólar = 0,9307 euros)
