El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni no logró reducir los incentivos aprobados bajo las sucesivas administraciones anteriores, que han costado al Estado más de 219.000 millones de euros (236.390 millones de dólares) en menos de cuatro años y han supuesto una pesada carga para las tambaleantes finanzas italianas.
El incentivo más generoso, el llamado Superbonus, permitía a los propietarios de viviendas deducir de sus impuestos el coste de las obras de ahorro energético durante un periodo de cuatro a diez años, o utilizar el crédito fiscal como forma de pago al tratar con constructores o bancos.
Según un plan defendido por el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, figura destacada del partido de la Liga cogobernante, el impacto de los créditos fiscales derivados del plan Superbonus se repartiría a lo largo de 10 años. La disposición se aplica retroactivamente a los pagos efectuados desde enero.
El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, está presionando para suavizar las restricciones y afirmó que su partido no respaldaría el plan si Giorgetti se negaba a modificarlo.
"Sin cambios, nuestro partido votará en contra", dijo Tajani.
En vísperas de una votación crucial para renovar el Parlamento de la Unión Europea, prevista para junio, Tajani se pone del lado de las empresas y los bancos, que se han quejado de que la naturaleza retroactiva del plan podría devaluar parte de los créditos fiscales que ya habían recibido como pago.
La enmienda también establece que los prestamistas que hayan comprado créditos fiscales tendrán que utilizarlos para recortar sus facturas fiscales durante seis años a partir de 2025. La medida no se aplica a los bancos que hayan comprado créditos al 75% de su valor nominal o más.
Además, a partir del próximo enero, los bancos y las compañías de seguros y servicios financieros ya no podrán utilizar los créditos fiscales para compensar el pago de las cotizaciones a la seguridad social.
Los nuevos frenos tienen por objeto permitir a Italia restablecer sus objetivos de déficit más estrictos para los próximos dos años, fijados en septiembre.
En aquel momento, el gobierno prometió recortar la brecha fiscal al 3,6% del PIB en 2025 desde el 4,3% de este año, y al 2,9% en 2026. Con las tendencias actuales, el Tesoro considera que el déficit será ligeramente superior, del 3,7% el año que viene y del 3% en 2026. (Editado por Nick Macfie)
