"Los alarmantes relatos de violencia sexual que se escuchan de las personas que han huido a Port Sudan son sólo una fracción de los que se repiten a escala enfermiza desde los focos de conflicto de todo el país", declaró el alto funcionario de ayuda de la ONU Edem Wosornu.
La guerra estalló el 15 de abril, cuatro años después del derrocamiento del ex presidente Omar al-Bashir durante un levantamiento popular. Las tensiones entre el ejército (SAF) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que dieron conjuntamente un golpe de estado en 2021, estallaron por desacuerdos sobre un plan de transición a un gobierno civil.
"Los combates en Darfur siguen reabriendo las viejas heridas de la tensión étnica de conflictos pasados en la región", declaró al Consejo Martha Ama Akyaa Pobee, alta funcionaria de la ONU para África. "Esto es profundamente preocupante y podría sumir rápidamente al país en un prolongado conflicto étnico con repercusiones regionales".
A principios de la década de 2000, las milicias "Janjaweed" -de las que se formó la RSF- ayudaron al gobierno a aplastar una rebelión de grupos mayoritariamente no árabes en Darfur. Unas 300.000 personas fueron asesinadas, según estimaciones de la ONU, y los líderes sudaneses son buscados por el Tribunal Penal Internacional por genocidio y crímenes contra la humanidad.
La guerra actual ha visto huir de sus hogares a más de 4 millones de personas, de las cuales 3,2 millones son desplazados internos y casi 900.000 personas han cruzado las fronteras hacia Chad, Egipto, Sudán del Sur y otros países, según la ONU.
"Los impactos humanitarios se ven agravados por pruebas creíbles que sugieren graves violaciones del derecho internacional humanitario tanto por parte de las SAF como de las RSF, que podrían equivaler a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", declaró la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, ante el Consejo de Seguridad.
La embajadora adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Evstigneeva, declaró que Moscú estaba preocupada por la situación en Sudán y prometió su apoyo a las autoridades sudanesas. Acusó a los países occidentales de interferir en el proceso político interno sudanés y criticó el uso de sanciones unilaterales.
Ambas partes en el conflicto de Sudán han reivindicado avances militares en los últimos días, pero no hay señales de un avance decisivo. Los esfuerzos de Arabia Saudí y Estados Unidos para conseguir un alto el fuego se han estancado.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, declaró a la prensa tras la reunión del Consejo que ambos bandos eran responsables de la violencia étnica y sexual, y añadió: "Aquí no hay inocentes".
El embajador de Sudán ante la ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, dijo al Consejo de Seguridad que las tropas sudanesas "no están implicadas en ningún tipo de violencia sexual o de género y que la parte implicada en esta atrocidad es muy conocida."
No hubo respuesta inmediata de la RSF a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. La RSF ha dicho que está comprometida con la defensa del derecho internacional humanitario y que trabajaría para prevenir cualquier abuso de sus fuerzas o de otras contra civiles.
