La operación, que comenzó el 17 de mayo, siguió a un ultimátum del gobierno que pedía a todos los refugiados que regresaran al campo de Dzaleka antes del 15 de abril o se enfrentarían a un traslado forzoso.

El gobierno ha acusado a los refugiados de abandonar el superpoblado campo sin seguir los procedimientos adecuados. La operación de redada comenzó en Lilongwe y se ha extendido a otros distritos.

Botha no pudo decir cuándo terminará la operación, que ha sido criticada por grupos de derechos humanos.

"No podemos dar un plazo, ya que se trata de un asunto de seguridad nacional", declaró Botha en una entrevista.

"Continuaremos hasta que estemos satisfechos de que todos los extranjeros que tienen estatus de refugiados sean devueltos a Dzaleka", dijo refiriéndose al campo de refugiados del distrito de Dowa, a unos 60 km de Lilongüe.

El ejercicio ha suscitado las críticas de las Naciones Unidas y de grupos locales de defensa de los derechos humanos.

"Reiteramos firmemente nuestro llamamiento a las autoridades para que anulen su decisión de reubicación, ya que las estructuras existentes en el campo de refugiados de Dzaleka ya están al límite y no pueden acoger a más refugiados de forma digna", declaró el miércoles Valentin Tapsoba, director de la Oficina Regional del ACNUR para África Austral.

El campamento, destinado a acoger hasta 12.000 refugiados, albergaba hasta el lunes a más de 50.600 refugiados, principalmente de la República Democrática del Congo, Burundi y Ruanda, según el ACNUR.

Botha, aunque reconoció que el campamento estaba superpoblado, negó que Malaui estuviera abusando de los derechos de los refugiados.

"Estamos llevando a cabo este ejercicio con dignidad", dijo, añadiendo que el ejercicio consistía en verificar los estatus de refugiado y de permiso de residencia.

"Ser refugiado es un estatus y no es permanente. Para la mayoría de los que estamos reuniendo, ya no hay conflicto en sus países", afirmó.