La sentencia se produce en medio de lo que, según los críticos, es una erosión del Estado de derecho y de los derechos individuales en Hong Kong, en medio de una amplia represión de la seguridad nacional por parte de los dirigentes del Partido Comunista de China.
El caso tiene implicaciones para las libertades en Internet y las operaciones de empresas como los proveedores de servicios de Internet y firmas tecnológicas como Google.