La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dijo en un comunicado el jueves que también había decidido prohibir a las empresas trabajar con las autoridades públicas, aunque la duración y el alcance de la prohibición estaban aún por determinar.

Las empresas sancionadas son Dragados, parte de ACS, a la que se le impuso una multa de 57,1 millones de euros, FCC Construcción, a la que se le impuso una multa de 40,4 millones de euros, y Ferrovial Construcción, a la que se le impuso el pago de 38,5 millones de euros.

Las restantes son Acciona Construcción, con una multa de 29,4 millones de euros, Obrasco Huarte Lain, parte de OHLA, por 21,5 millones de euros, y Sacyr Construcción por 16,7 millones de euros.

ACS, afectada por la mayor multa, no está de acuerdo con la decisión y la recurrirá, dijo un portavoz, que no quiso dar más detalles.

Acciona, Sacyr, FCC y OHLA no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Entre 1992 y 2017, las empresas se reunieron semanalmente para analizar los proyectos públicos a los que pensaban presentarse y para planificar una estrategia común, compartiendo documentos técnicos entre ellas, dijo el regulador.

Su colusión fue socialmente perjudicial porque afectó a miles de licitaciones de construcción publicadas por las autoridades públicas en España, lo que llevó a que se presentaran menos ofertas y de menor calidad y puso en desventaja a las empresas competidoras, añadió.

El regulador calificó sus acciones de "infracción muy grave" de las leyes de competencia españolas y europeas que fomentan los procesos de licitación secretos e independientes.

Los seis holdings son los mayores constructores de obras públicas de España por capitalización bursátil, que asciende a un total de 40.400 millones de euros, según datos de Refinitiv.

(1 dólar = 0,9811 euros)