Las ciudades indias tienen uno de los aires más contaminados del mundo. Las centrales térmicas, que producen el 75% de la energía del país, son responsables de cerca del 80% de las emisiones industriales de óxidos de azufre y nitrógeno, que causan enfermedades pulmonares, lluvia ácida y smog.

En un principio, India había fijado un plazo de 2017 para que las centrales térmicas instalaran unidades de desulfuración de gases de combustión (FGD) para reducir las emisiones de azufre. Más tarde se cambió a plazos diferentes para las distintas regiones, que finalizaban en 2022, y se volvió a ampliar el año pasado a un periodo que finaliza en 2025.

La orden del martes dice que las centrales eléctricas serán retiradas a la fuerza si no cumplen las normas sobre emisiones de azufre para finales de 2027.

Las plantas situadas cerca de las regiones más pobladas y de la capital, Nueva Delhi, tendrán que pagar penalizaciones para poder operar a partir de finales de 2024, mientras que las centrales situadas en zonas menos contaminantes serán penalizadas a partir de finales de 2026, según la orden.

El Ministerio Federal de Energía había impulsado una prórroga, alegando el aumento de los costes, la falta de fondos, los retrasos relacionados con el COVID 19 y la tensión geopolítica con la vecina China, que ha restringido el comercio.

El retraso será acogido con satisfacción por los operadores de las empresas eléctricas de carbón, incluidas las compañías privadas, como Tata Power y Adani Power, que han presionado durante mucho tiempo para que los requisitos sean menos severos.