El fiscal general de Texas, Ken Paxton, que se presenta a la reelección en noviembre, hizo pública la carta el martes.
La carta llega después de que los legisladores demócratas escribieran a Google en junio argumentando que su motor de búsqueda estaba dando resultados inexactos a las personas que buscaban abortos al enviarlas a veces a los centros de crisis para embarazos, que alejan a las mujeres de los procedimientos. Pidieron a Google que rectificara la situación.
La petición fue motivada por un estudio publicado por la organización sin ánimo de lucro Center for Countering Digital Hate. El estudio descubrió que el 11% de los resultados de una búsqueda de "clínica de aborto cerca de mí" o "píldora abortiva" en algunos estados correspondían a centros que se oponen al aborto.
Entre los firmantes de la carta republicana figuran el fiscal general de Virginia, Jason Miyares, y Daniel Cameron, de Kentucky.
"Nosotros... esperamos que usted decida que los resultados de búsqueda de Google no deben estar sujetos a la presión política de la izquierda, lo que perjudicaría activamente a las mujeres que buscan asistencia esencial", escribieron los fiscales generales en la carta dirigida al presidente ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, hecha pública el martes y fechada el 21 de julio.
"Si no lo hace, debemos recurrir a todos los medios legales y apropiados para proteger los derechos de nuestros electores, para defender la diversidad de puntos de vista, la libre expresión y la libertad de religión de todos los estadounidenses", escribieron.
Los centros de crisis para embarazos, que existen de una u otra forma desde hace años, se encuentran a veces cerca de las clínicas de aborto y han sido acusados de dar a las mujeres información inexacta sobre su embarazo, lo que puede poner en peligro su acceso al aborto.
Google dijo en julio que eliminaría los datos de localización que muestran cuándo las usuarias visitan una clínica de aborto, tras la preocupación de que un rastro digital pueda informar a las fuerzas de seguridad si una persona interrumpe un embarazo de forma ilegal.
Tras una sentencia dictada en junio por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que se declaraba que el aborto no estaba protegido por la Constitución, la decisión de permitir o no el procedimiento se ha devuelto a los estados.
Google declinó una solicitud de comentarios.
