Se esperaba un acuerdo de la UE el viernes después de que Polonia abandonara su oposición a establecer un impuesto de sociedades mínimo del 15% para las grandes multinacionales, pero Hungría se erigió en un obstáculo de última hora e impidió un acuerdo que requiere el respaldo de los 27 Estados de la UE.

"Hungría no puede apoyar la adopción de la directiva sobre el impuesto mínimo global en este momento", dijo Varga a los ministros de Economía en una sesión pública de una reunión.

Y añadió: "El trabajo no está listo. Creo que tenemos que seguir esforzándonos para encontrar una solución".

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que había hecho del acuerdo fiscal un objetivo clave de la presidencia francesa de la UE, de seis meses de duración y que finaliza en dos semanas, no ocultó su decepción, pero instó a los ministros a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo en una fase posterior.

En la reunión, la ministra de Finanzas de Polonia, Magdalena Rzeczkowska, abandonó formalmente su oposición al acuerdo.

Las conversaciones de la UE pretendían convertir en ley una reforma global del impuesto de sociedades, acordada el pasado octubre por casi 140 países.

Le Maire dijo que todas las cuestiones técnicas estaban resueltas desde hace tiempo, dando a entender que el estancamiento se debía a preocupaciones políticas.

Polonia y Hungría han estado en desacuerdo con la Comisión Europea, que ha retrasado su recepción del dinero del fondo de recuperación COVID-19 por cuestiones sobre su postura respecto al estado de derecho y otros valores de la UE.

A principios de junio, la Comisión aprobó los pagos a Polonia, mientras que los fondos de recuperación de la UE para Hungría siguen congelados.

La reforma fijó un impuesto de sociedades mínimo global del 15% para las grandes multinacionales y otorgó a otros países una mayor participación en la recaudación fiscal de los beneficios de los grandes grupos digitales estadounidenses, como Apple Inc y Google de Alphabet Inc.

En un principio, la reforma debía aplicarse en 2023, pero su puesta en marcha se ha retrasado efectivamente hasta 2024.

El gobierno de Biden también está luchando por aprobar la legislación que aplicaría el acuerdo sobre el impuesto mínimo global.