En el centro del plan se encuentra el compromiso de reservar por adelantado parte de la producción de vacunas y tratamientos para las poblaciones vulnerables de los países de bajos ingresos cuando surja la próxima pandemia, dado que el acceso fragmentado a las herramientas de COVID ha dejado desprotegidas a muchas poblaciones.

Para hacerlo mejor la próxima vez -y sin saber qué empresas desarrollarán los primeros fármacos y vacunas para la próxima pandemia- que la industria asuma colectivamente este compromiso es potencialmente transformador, dijo a Reuters Thomas Cueni, jefe del grupo mundial de la industria farmacéutica IFPMA.

El compromiso, denominado Declaración de Berlín, fue realizado el martes por los miembros de la IFPMA, entre los que se encuentran muchas de las empresas que participan en el desarrollo de intervenciones contra la COVID, como AstraZeneca, GSK, Moderna y Pfizer y Merck.

La declaración no es legalmente vinculante.

Sin embargo, si una empresa firmante reniega de su promesa, se enfrentaría a graves consecuencias en el tribunal de la opinión pública, dijo Cueni.

Los miembros de la IFPMA han acordado unánimemente garantizar que las futuras intervenciones autorizadas contra la pandemia estén disponibles y sean asequibles en países de todos los niveles de ingresos, utilizando una combinación de enfoques que incluyan donaciones, suministro sin ánimo de lucro, licencias voluntarias o precios escalonados.

"Tenemos que admitir humildemente que aunque la industria haga eso, necesita que otros le sigan el juego", dijo Cueni, subrayando la necesidad de que los gobiernos y los responsables políticos se aseguren de que el despliegue de las intervenciones no se vea frustrado por las prohibiciones de exportación.

Anna Marriott, responsable de políticas de la Alianza Popular para las Vacunas y directora de políticas sanitarias de Oxfam, dijo que era difícil aceptar los consejos de la industria farmacéutica, dado que muchas empresas han demostrado repetidamente a lo largo de la pandemia que persiguen el beneficio por encima del suministro equitativo.

"No creo que podamos creer una palabra de lo que proponen", dijo.

GUERRA DE PATENTES

La declaración de Berlín también afirma que se deben preservar los derechos de propiedad intelectual (PI) de la industria.

Las naciones desarrolladas con grandes productores farmacéuticos, y grupos como la IFPMA, argumentan que al diluir estas protecciones se corre el riesgo de socavar la capacidad de la industria para responder a las crisis sanitarias.

Desalienta la investigación y podría deshacer patentes más amplias para intervenciones utilizadas para combatir otras afecciones, dado que muchas pruebas y fármacos de COVID también se utilizan para detectar y tratar otras enfermedades infecciosas, dijo Cueni.

Pero los defensores de estas exenciones, como India, Sudáfrica y los países en desarrollo que han llevado a cabo una prolongada campaña en busca de exenciones de PI, sugieren que la medida podría superar las barreras legales que les impiden producir sus propias vacunas y tratamientos contra el COVID.

El mes pasado se adoptó un acuerdo provisional que se limitaba a una exención parcial de los derechos de PI para las vacunas, pero puede avecinarse una nueva batalla en la Organización Mundial del Comercio sobre la ampliación de la exención a los tratamientos y las pruebas.