La coalición gobernante de izquierdas de España presentó el jueves un proyecto de ley para crear un impuesto temporal sobre los bancos y las empresas eléctricas, con el objetivo de recaudar 7.000 millones de euros (7.000 millones de dólares) hasta 2024 para financiar medidas que alivien las presiones del coste de la vida.

"No hay justicia social sin justicia fiscal", dijo el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, añadiendo que era el deber de un "gobierno progresista" compartir los costes de la crisis "de forma justa y equitativa".

El impuesto, cuyos planes se expusieron por primera vez el 12 de julio, incluiría un gravamen del 1,2% sobre las ventas de las empresas eléctricas españolas y un cargo del 4,8% sobre los ingresos netos por intereses y las comisiones netas de los bancos, según el texto de la propuesta.

El aumento de los precios de los carburantes llevó a los camioneros españoles a una huelga de varias semanas en marzo, lo que interrumpió las cadenas de suministro y obligó a algunas fábricas a detener la producción.

El gobierno aún no ha dicho cómo distribuirá la recaudación del impuesto. Ya ha introducido algunas medidas para contrarrestar el aumento de la inflación, como una rebaja en el coste de los combustibles, y anteriormente introdujo una tasa a las empresas de servicios públicos que se consideraba que se habían beneficiado de los altos precios del gas.

Ahora se apunta a los bancos por considerar que su rentabilidad se ve favorecida por la subida de los tipos de interés.

El impuesto sólo se aplicará a las empresas que facturen al menos 1.000 millones de euros en 2019, mientras que el umbral para los bancos será de 800 millones de euros, según el proyecto de ley.

"El nuevo impuesto no es deducible a efectos del impuesto de sociedades y no puede repercutirse a los clientes", reza la propuesta, que establece multas del 150% si se repercute el importe del gravamen.

OPINIÓN NEGATIVA

La propuesta tiene que ser debatida en el Parlamento, donde podrían introducirse cambios.

Se espera que el impuesto sobre los bancos -cuyos ingresos netos por intereses son una medida de los beneficios de los préstamos menos los costes de los depósitos- produzca 3.000 millones de euros, mientras que el impuesto sobre los beneficios inesperados de las empresas energéticas recaudaría 4.000 millones de euros.

Algunos banqueros han advertido contra ese impuesto y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insinuó a principios de esta semana que el BCE podría incluso emitir una opinión negativa sobre el impuesto.

El jueves, los directores ejecutivos tanto del Santander como del Sabadell advirtieron contra la estigmatización del sector, añadiendo que el impuesto afectaría sobre todo a los pequeños ahorradores y a los accionistas.

"No es posible luchar contra la inflación a través de los impuestos", dijo el director general del Santander, José Antonio Álvarez. "Si salen 3.000 millones de capital del sector se quitan 50.000 millones de euros de capacidad de préstamo".

Preguntado por la medida el jueves, el jefe de Repsol, Josu Jon Imaz, dijo que las empresas de petróleo y gas que operan en mercados libres no tienen beneficios extraordinarios.

"No debemos olvidar los miles de millones de euros de pérdidas que registramos en años anteriores", dijo Imaz a los analistas en una conferencia telefónica. "El petróleo y el gas tienen riesgo, no hay una tarifa regulada que asegure la rentabilidad".