En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) europea orquestó un rescate del Popular de la noche a la mañana, en el que los accionistas y algunos tenedores de bonos sufrieron pérdidas al ser vendido por un euro nominal a su mayor rival español, el Santander.
Tres años después, la JUR dijo que los accionistas y los acreedores no tenían derecho a indemnización, ya que en caso de liquidación del Popular no habrían recibido un trato mejor que el resultante de la resolución.
Los accionistas, como el inversor mexicano Antonio del Valle, impugnaron esta decisión ante el Tribunal General.
Del Valle no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios a través del prestamista mexicano BX+, donde es miembro honorario del consejo.
Entre los tenedores de bonos que presentaron la demanda se encuentran Algebris y Anchorage Capital Group. El bufete de abogados Quinn Emanuel, que los representó, no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
El miércoles, el Tribunal General Europeo desestimó la impugnación, cuestionando en particular la independencia del tasador.
"El tasador se basó en una metodología correcta y no cometió errores manifiestos en la valoración de los activos del Banco Popular", dijo el tribunal, añadiendo que el resultado al final de un procedimiento de insolvencia normal habría sido, por tanto, el mismo que el resultante de la resolución.
La última sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un plazo de dos meses y 10 días a partir de la notificación de la decisión.
El Popular tenía un valor en bolsa de unos 1.300 millones de euros el día de su rescate. También se esfumaron obligaciones subordinadas y convertibles por valor de unos 1.900 millones de euros.
Las autoridades españolas y de la UE saludaron el caso como una primera prueba con éxito de las llamadas normas de recapitalización interna, en las que los inversores y acreedores asumen gran parte del coste de un rescate bancario.
Más de 40 accionistas significativos, entre ellos Del Valle, y tenedores de bonos subordinados afectados por el rescate del Popular habían solicitado la anulación de la resolución del Popular, pero el segundo tribunal más alto de Europa desestimó sus demandas en junio de 2022.