El consorcio de 11 socios ha recibido 8,2 millones de euros (8,78 millones de dólares) de financiación gubernamental para desarrollar una clasificación y unas normas comunes para recopilar y divulgar datos sobre las baterías, que pronto podrían ser obligatorias según la normativa de la Unión Europea.

Una propuesta de la Comisión Europea que se debatirá a finales de este año establece que los vehículos eléctricos recargables y las baterías industriales y de transporte ligero que se vendan en Europa deberán revelar su huella de carbono a partir de 2024 y cumplir con un límite de emisiones de CO2 a partir de 2027.

También deberán revelar el contenido de materias primas recicladas en esas baterías a partir de 2027, seguido de la exigencia de utilizar una proporción mínima de cobalto, litio, níquel y plomo reciclados a partir de 2030.

El consorcio alemán es el primer proyecto en Europa que intenta diseñar un producto digital para cumplir esta normativa, según el Ministerio de Economía alemán.

Las baterías podrían llevar un código QR que enlazara con una base de datos en línea en la que los propietarios de vehículos eléctricos, las empresas o los reguladores pudieran acceder a la información sobre la composición de la batería.

Esta herramienta digital también debería facilitar el reciclaje de las materias primas de las baterías, según la declaración del gobierno, lo que reduciría la dependencia de los proveedores extranjeros que controlan la gran mayoría de los recursos, como el litio y el níquel, esenciales para la producción de baterías.

(1 dólar = 0,9335 euros)