El Gobierno de Brasil podría aplicar "medidas más duras y sanciones" a Vale para combatir la postura "arrogante" del gigante minero hacia el país, dijo a Reuters el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

Sus comentarios marcan una escalada de la retórica del gobierno contra la firma, que se ha visto alimentada por el retraso en alcanzar un acuerdo para que Vale y sus socios paguen reparaciones por el desastre de una presa en 2015.

En una entrevista el miércoles al margen de un evento en el estado de Sergipe, Silveira dijo que el gobierno estaba analizando las leyes y políticas públicas de Brasil mientras considera posibles medidas contra Vale, pero no entró en detalles.

Desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo en 2023, el gobierno de Brasil ha criticado regularmente a la minera por dos derrumbes de presas en el estado de Minas Gerais en 2015 y 2019, y por no invertir lo suficiente en el país.

"Me preocupa la postura de Vale, que lamentablemente parece que sólo cambiará cuando tengamos que aplicar medidas más duras y sanciones a la empresa", dijo Silveira.

El ministro criticó lo que considera una falta de liderazgo desde que Vale anunció que su director ejecutivo, Eduardo Bartolomeo, dejaría la empresa a finales de este año, y dijo que eso ha retrasado un acuerdo para las reparaciones por el desastre de la presa de Mariana en 2015.

SIN CABEZA

Vale, BHP y su empresa conjunta Samarco, que operaba una presa de relaves en el estado de Minas Gerais cuyo derrumbe causó la muerte de 19 personas y contaminó un río, han estado en conversaciones con el gobierno para llegar a un acuerdo multimillonario de reparaciones.

Todas las partes esperaban llegar a un acuerdo en el primer semestre del año, pero la propuesta de las empresas no alcanzó el dinero al que aspiraba el gobierno.

"No debería ser así, pero Vale está ahora 'descabezada' y eso está retrasando claramente un acuerdo", dijo Silveira. "Desde que anunciaron la marcha del director general, Vale se quedó sin alguien con autoridad para tratar asuntos extremadamente relevantes".

Vale declinó hacer comentarios sobre las declaraciones del ministro, pero dijo que se había comprometido a reparar el desastre de 2015.

Según una fuente familiarizada con el asunto, que pidió no ser nombrada, las posibles medidas que está analizando el gobierno contra Vale podrían implicar cambios en las normas de derechos mineros de Brasil.

Silveira dijo que la tolerancia del gobierno con Vale estaba "llegando al límite" y se quejó de la falta de inversiones por parte de la firma, afirmando que Vale es "casi un monopolio y ha dejado de explotar activos estratégicos" en Brasil.

"Ha empezado a venderlos a inversores internacionales y a repartir dividendos sin ningún criterio estratégico que converja con los intereses del país".

Los mercados han desconfiado de la posible interferencia del gobierno en Vale desde que el año pasado se informó de que Lula quería que un ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, fuera nombrado miembro del consejo de administración de la empresa o incluso consejero delegado.

Vale fue privatizada en la década de 1990 y tiene una propiedad dispersa, pero el gobierno sigue ejerciendo una influencia significativa, ya que entre sus principales accionistas se encuentra un fondo de pensiones operado por el prestamista estatal Banco do Brasil.

Dos miembros independientes del consejo de administración han dimitido en los últimos meses, uno de ellos citando acusaciones de influencia política en el plan de sucesión.

Silveira siempre ha mantenido que el gobierno no ha tratado de influir en quién será el próximo director ejecutivo de Vale.

"Nunca ha habido ninguna interferencia gubernamental cuando se trata de Vale", reiteró. (Reportaje de Marta Nogueira; Redacción de Gabriel Araujo; Edición de Aurora Ellis)