El acuerdo con la Abogacía General de Brasil (AGU) y la Contraloría General de la Unión (CGU) obliga a BRF a pagar unos 584 millones de reales (111 millones de dólares) al gobierno, según informó la CGU, citando acusaciones de que empleados de la empresa pagaron a funcionarios públicos para obtener "ventajas indebidas" a raíz de investigaciones de la policía federal.

BRF comenzó a negociar con la CGU y la AGU sobre el acuerdo en 2018, colaborando con las investigaciones para suavizar el golpe de las sanciones.

BRF dijo en una presentación que los pagos se realizarán en cinco plazos anuales, a partir del próximo 30 de junio. Dijo que se había comprometido a colaborar con las autoridades con sus "mejores esfuerzos" y a seguir mejorando sus prácticas de gobernanza y cumplimiento.

En un comunicado separado, BRF dijo que "entiende que la firma de este acuerdo de clemencia pone fin a las discusiones sobre el asunto pasado", y añadió que no aprueba las actividades ilegales ni las conductas inapropiadas.

Las acciones de BRF cerraron el miércoles con una subida de casi el 8%, a 7,76 reales, mientras que el índice Bovespa, más amplio, subió un 1,53%.

(1$ = 5,2676 reales)