LOS ÁNGELES/WASHINGTON, 31 ago (Reuters) - El Gobierno de Biden planea abaratar el acceso a los terrenos de propiedad pública para los promotores de energía solar y eólica, después de que la industria de la energía limpia argumentara este año mediante una campaña de presión que las tasas de arrendamiento y los cánones son demasiado elevados para atraer la inversión y podrían hacer fracasar el programa del presidente sobre el cambio climático.

La decisión de Washington de revisar la normativa de terrenos públicos para proyectos de energía renovable forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno del presidente Joe Biden para luchar contra el calentamiento global impulsando el desarrollo de energías limpias y desalentando los proyectos de perforación y de extracción de carbón.

"Reconocemos que el mundo ha cambiado desde la última vez que analizamos este asunto y que es necesario introducir actualizaciones", dijo a Reuters Janea Scott, consejera principal del subsecretario de Tierras y Minerales del Departamento del Interior de Estados Unidos.

Señaló que la administración está estudiando varias reformas para que las empresas de energía solar y eólica puedan explotar más fácilmente los terrenos públicos, pero no dio detalles.

El impulso para facilitar el acceso a grandes terrenos públicos también pone de relieve la feroz necesidad por parte del sector de las energías renovables de obtener mayores superficies: Biden tiene el objetivo de descarbonizar el sector energético para 2035, una meta que requeriría una superficie mayor que la de los Países Bajos sólo para la industria solar, según la empresa de investigación Rystad Energy.

Lo que está en juego es un sistema de tasas de alquiler y cánones para los arrendamientos públicos de energía solar y eólica diseñado para mantener las tarifas en línea con los valores de los terrenos agrícolas cercanos.

Bajo esa normativa, implementada por la administración del presidente Barack Obama en 2016, algunos proyectos solares importantes pagan 971 dólares por acre al año en concepto de alquiler, junto con más de 2.000 dólares anuales por megavatio de capacidad energética.

Para un proyecto a escala de servicio público que cubra 3.000 acres y produzca 250 megavatios de energía, eso supone una factura de aproximadamente 3,5 millones de dólares al año.

Los alquileres de los proyectos eólicos suelen ser más bajos, pero el canon de capacidad es más alto, de 3.800 dólares, según el baremo federal.

El sector de las energías renovables argumenta que las tasas impuestas por el Departamento de Interior no están en consonancia con los alquileres de terrenos privados, que pueden ser inferiores a 100 dólares por acre, y no incluyen cánones por la energía producida.

También son más elevados que los alquileres públicos para la perforación de petróleo y gas, que ascienden a 1,50 o 2 dólares al año por acre antes de ser sustituidos por un canon de producción del 12,5% una vez que el petróleo empieza a fluir.

"Hasta que no se resuelvan estos costes excesivamente gravosos, es probable que nuestra nación no pueda aprovechar su potencial para desplegar proyectos de energía limpia propios en nuestros terrenos públicos, y los puestos de trabajo y el desarrollo económico que ello conlleva", dijo Gene Grace, consejero general del grupo comercial de energía limpia American Clean Power Association.

El sector de las energías renovables ha recurrido históricamente a la superficie privada para ubicar grandes proyectos. Pero las grandes extensiones de terreno privado intacto son cada vez más escasas, lo que convierte a los terrenos de propiedad pública en una de las mejores opciones para la expansión futura.

Hasta la fecha, el Departamento de Interior ha aprobado menos de 10 GW de energía solar y eólica en sus más de 245 millones de acres de terrenos públicos, un tercio de lo que se prevé que instalen ambos sectores en todo el país este mismo año, según la Administración de Información Energética.

El sector solar comenzó a ejercer presión sobre este asunto en abril, cuando la Large Scale Solar Association, una coalición de algunos de los principales promotores solares del país -entre ellos NextEra Energy, Southern Company y EDF Renewables- presentó una petición a la Oficina de Administración de Tierras de Interior solicitando una reducción de las rentas de los proyectos a escala de servicios públicos en los abrasadores desiertos del país.

Un portavoz del grupo dijo que la industria se centró inicialmente en California porque cuenta con algunas de las superficies solares más prometedoras y porque los terrenos alrededor de las principales zonas urbanas, como Los Ángeles, habían inflado las valoraciones de condados enteros, incluso en superficies desérticas no aptas para la agricultura.

Funcionarios de NextEra, Southern y EDF no hicieron comentarios cuando fueron contactados por Reuters.

En junio, la Oficina redujo los alquileres en tres condados de California. Pero los representantes de las empresas solares calificaron la medida de insuficiente, argumentando que los descuentos eran demasiado reducidos y que se mantenía el canon de capacidad por megavatio.

Los abogados de las empresas solares y de la BLM han discutido la cuestión en llamadas telefónicas desde entonces, y se han programado nuevas conversaciones para septiembre, según Peter Weiner, el abogado que representa al grupo solar.

"Sabemos que la nueva gente de la BLM ha tenido mucho trabajo", dijo Weiner. "Agradecemos sinceramente su consideración".

(Reporte de Nichola Groom; edición de Dan Grebler; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)