El recurso había sido presentado por la Asociación Pola defensa Da Ría (APDR) en respuesta a una resolución dictada en julio de 2015 por un departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en la que se declaraba la caducidad parcial de la concesión de los terrenos en los que se asienta la planta, recordó Ence.

La sentencia de la Audiencia Nacional desestimó todos los argumentos de la APDR, entre ellos, el de "que la biofábrica genere efectos perjudiciales para el medioambiente, destacando que no se ha acreditado ningún incumplimiento de la autorización ambiental integrada en vigor", dijo la papelera.

"No estamos satisfechos con algunas cuestiones de forma de la resolución", dijo la APDR en una nota de prensa publicada en su página web. "Seguimos entendiendo que existen razones suficientes para decretar la caducidad total de (la concesión a) Ence (...) y estudiaremos la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo".

Ence dijo que este fallo ha recaído sobre un procedimiento distinto al que afecta a la prórroga hasta 2073 de la planta pontevedresa concedida por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2016 y posteriormente revocada por el del socialista Pedro Sánchez, sobre cuya legalidad todavía tiene que pronunciarse la Audiencia Nacional.

La papelera gallega, que en el primer trimestre del año registró una pérdida neta de 12 millones de euros por las fuertes caídas en el precio de la celulosa, llegó a estimar el año pasado que el cierre de su planta en Pontevedra, que según la empresa genera 400 empleos y es responsable indirecta de en torno a otros 4.800, supondría un impacto de hasta 185 millones de euros en sus resultados.

(Información de Darío Fernández; Editado por Jose Elías Rodríguez)