El Gobierno encargó en abril al holding estatal Parpublica que eligiera a dos evaluadores independientes para valorar TAP antes de su privatización, que podría iniciarse en julio, según el ministro de Finanzas, Fernando Medina.

Al menos tres grandes compañías mundiales, Lufthansa, Air France-KLM e IAG, propietaria de British Airways, han mostrado su interés.

Mendes declaró ante una comisión parlamentaria que el Gobierno desea que "el proceso se desarrolle en términos compatibles con el mantenimiento de una participación pública de carácter estratégico en la compañía".

"El Gobierno no está abierto a vender la totalidad del capital de TAP", dijo Mendes, sin dar más detalles.

La aerolínea se encuentra bajo un plan de rescate aprobado por Bruselas por valor de 3.200 millones de euros (3.430 millones de dólares). El plan incluye una reducción de la flota de TAP, el recorte de miles de puestos de trabajo y la reducción de los salarios de la mayoría de los trabajadores.

TAP redujo a más de la mitad las pérdidas netas del primer trimestre, hasta 57,4 millones de euros, ya que el número de pasajeros superó los niveles anteriores a la pandemia.

(1 dólar = 0,9321 euros)