JOHNSON & JOHNSON Por Sara Randazzo THE WALL STREET JOURNAL
Una abogada de varias comunidades de California acusó a Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Ltd., Endo International PLC y Allergan, de AbbVie Inc., de provocar una oleada mortal de adicción a los opioides con su agresiva comercialización de analgésicos, al tiempo que los abogados defensores afirmaron que las empresas cumplieron la ley, en la primera vista de un juicio seguido de cerca por la industria farmacéutica.
"Sin una avalancha de opiáceos con receta, no habría una epidemia de opoides", dijo Fidelma Fitzpatrick, abogada de los demandantes contratada para representar a los condados de Los Ángeles, Orange y Santa Clara, además de la ciudad de Oakland.
El juicio de varios meses, que se celebra íntegramente por videoconferencia y en el que un solo juez decide, comenzó el lunes con las observaciones preliminares de Fitzpatrick y los abogados de las cuatro farmacéuticas acusadas de irregularidades.
Las compañías argumentaron el lunes que comercializaron correctamente sus medicamentos bajo la supervisión de los reguladores y que los demandantes no podrán mostrar ejemplos de fallecimientos derivados de sus prescripciones.
"Las pruebas no apoyarán esta gran teoría conspiratoria", dijo Collie James, abogado de Teva, en sus comentarios iniciales.
El juicio en California, junto con otros que se espera que comiencen en un tribunal federal de Virginia Occidental en mayo y en el estado de Nueva York en junio, podrían llevar a las farmacéuticas y a los distribuidores a sellar acuerdos para poner fin a los pleitos por los opoides que afrontan en todo el país.
Tres grandes distribuidores y J&J han propuesto pagar una suma colectiva de US$26.000 millones para resolver estos casos, y otros mantienen negociaciones. La consultora McKinsey & Co. recientemente aceptó pagar US$641 millones para zanjar las reclamaciones de los estados sobre el asesoramiento que dio al fabricante de OxyContin, Purdue Pharma LP.
Fitzpatrick opina que las compañías deben ser consideradas responsables en virtud de las leyes de alteración del orden público y de comercialización engañosa de California por su papel en la adicción a los opiáceos en el estado.
Entre 1997 y 2017, California recibió más de 20.000 millones de dosis de opiáceos con receta, indicó Fitzpatrick.
Las comunidades alegan que las farmacéuticas presionaron a los médicos para que prescribieran opioides a pesar de saber que había una creciente crisis de salud pública.
Si el juez Peter Wilson considera que las empresas son responsables, los condados les pedirán en un segundo juicio que paguen miles de millones de dólares en multas y fondos para ayudar a hacer frente a los costes de la adicciones a los opioides.
-Escriba a Sara Randazzo a sara.randazzo@wsj.com
Versión española de Noelia Urra noelia.urra-calzada@dowjones.com
Editado por CLP
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April 20, 2021 04:01 ET (08:01 GMT)
