Se espera que los nuevos detalles del controvertido mecanismo de financiación, introducido en 2017 pero posteriormente desechado, hagan pública la información que vincula a los donantes con los partidos políticos en los últimos cinco años, así como la cuantía de sus donaciones.

La financiación corporativa de los partidos políticos es un asunto delicado en la India, donde el desguace en febrero de los bonos electorales, junto con la publicación de los nombres de donantes y receptores, se ha convertido en un tema candente de cara a las elecciones previstas para mayo.

El Tribunal Supremo dio de plazo hasta el jueves a la entidad crediticia estatal para que facilite a la Comisión Electoral de la India los números de identificación únicos de los bonos, a fin de permitir emparejar a los donantes con los receptores.

"Tienen que revelar todos los detalles... debemos tener finalidad para ello", dijo el presidente del Tribunal Supremo, D.Y. Chandrachud.

A su vez, se ordenó a la comisión electoral que hiciera pública la información "de inmediato".

La semana pasada, la comisión hizo públicos algunos datos sobre las donaciones realizadas desde abril de 2019 en el marco del mecanismo de financiación que permitía donaciones anónimas ilimitadas por parte de empresas y particulares utilizando los bonos electorales.

Algunas de las mayores empresas de la India, como Vedanta Ltd, Bharti Airtel, RPSG Group y Essel Mining se encontraban entre los principales financiadores políticos en los últimos cinco años, según mostraron los datos.

Pero los datos de la semana pasada no vinculaban a los donantes con los receptores, aunque mostraron que casi la mitad de todas las donaciones fueron recibidas por el Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, que buscará un raro tercer mandato en las urnas.

Los críticos dicen que esos bonos ayudaron a las empresas a ocultar sus donaciones para evitar cualquier acusación de obtener favores del partido gobernante.

El domingo, el líder del principal partido de la oposición, el Congreso, Rahul Gandhi, acusó al gobierno de Modi de utilizar los bonos electorales para extorsionar a las empresas, una acusación que el gobierno ha negado rotundamente.

Los organismos industriales Assocham, la Confederación de la Industria India y la Federación de Cámaras Indias de Comercio e Industria trataron de impedir que el tribunal hiciera pública la información sobre quién donó a qué partido.

"La protección del anonimato es fundamental para preservar la privacidad de los donantes y protegerse de cualquier adversidad por parte de facciones políticas contrarias a las que una empresa no realiza la inversión", declaró Assocham.

El tribunal no escuchó su alegato.