Taiwán, potencia tecnológica, fabrica la mayoría de los chips semiconductores más avanzados del mundo, utilizados en todo tipo de aparatos, desde aviones de combate hasta teléfonos móviles, y el gobierno lleva mucho tiempo preocupado por los esfuerzos chinos para copiar ese éxito, incluso mediante el espionaje económico, la caza furtiva de talentos y otros métodos.

El gabinete de Taiwán dijo que había propuesto nuevos delitos para el "espionaje económico" bajo la ley de seguridad nacional, estableciendo penas de hasta 12 años de prisión para aquellos que filtren tecnologías básicas a China o a "fuerzas enemigas extranjeras".

Utilizando como ejemplo la tecnología más avanzada de fabricación de chips de 2 nanómetros del gigante TSMC, el portavoz del gabinete, Lo Ping-cheng, dijo que dicha tecnología podría considerarse vital para la seguridad de Taiwán en virtud de la nueva ley, por lo que era necesaria una protección adicional para ella, además de las leyes existentes sobre secretos comerciales.

"Todo el mundo sabe que TSMC... tiene tecnologías líderes en el mundo", dijo Lo. "Si sus tecnologías fueran robadas habría un impacto significativo".

Se crearía un tribunal designado para los delitos de espionaje económico para acelerar los juicios, añadió Lo.

El gobierno también propuso endurecer las leyes para evitar que las empresas chinas roben ilegalmente el talento de Taiwán a través de empresas establecidas en un tercer país.

También endureció el castigo para las inversiones chinas en Taiwán a través de métodos ilegales, que, según el gobierno, han provocado muchos casos de espionaje industrial en los últimos años.

"La infiltración en las industrias de Taiwán desde la cadena de suministro roja es cada vez más grave en los últimos años", dijo el primer ministro de Taiwán, Su Tseng-chang, en un comunicado, refiriéndose a los proveedores chinos de tecnología.

"Han cazado furtivamente a los talentos de alta tecnología de nuestra nación y han robado las tecnologías básicas y clave de la nación".

El parlamento de Taiwán tiene que aprobar las revisiones antes de que se conviertan en ley.