El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, se puso del lado del operador de prisiones privadas GEO Group Inc y de la administración del presidente Joe Biden en las demandas que desafían la prohibición de 2019.
Un juez federal de San Diego había defendido la ley estatal de 2020, diciendo que California podía prohibir los centros de detención privados porque la ley federal no los permite explícitamente.
Pero el 9º Circuito, en una decisión de 8-3, dijo que el gobierno ha llegado a depender casi exclusivamente de los centros de detención operados por GEO Group y otras empresas. California, el estado más grande de EE.UU., no tiene autoridad para cuestionar esa decisión, dijo el tribunal.
Mientras hacía campaña para las elecciones de 2020, Biden dijo que quería acabar con el uso de los centros de detención privados para alojar a los inmigrantes que esperan audiencias de deportación.
Pero no los mencionó en una orden ejecutiva para 2021 que exige que se eliminen los centros privados de detención de delincuentes, lo que suscitó las críticas de los defensores de los inmigrantes.
