El conflicto entre Italia y la Comisión Europea sobre si Roma tiene derecho a imponer condiciones estrictas en las fusiones bancarias nacionales se intensificó el lunes, cuando una carta de advertencia enviada desde Bruselas recibió una respuesta lacónica del viceprimer ministro italiano.
La misiva señalaba que la imposición de ciertas condiciones a la oferta prevista de UniCredit para adquirir Banco BPM podría violar la legislación de la UE, lo que supone un paso hacia la apertura de un procedimiento formal de infracción contra el gobierno italiano.
Bruselas cuestionó un decreto emitido el 18 de abril por la primera ministra Giorgia Meloni, que utilizó el llamado "poder dorado" del gobierno para frenar el acuerdo. La Comisión indicó que sus próximos pasos dependerán de la respuesta de Roma.
El viceprimer ministro Matteo Salvini, del partido de extrema derecha Liga, replicó que Bruselas debería concentrarse en negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos y abstenerse de intervenir en la forma en que Italia regula su sector bancario.
"Italia puede y debe legislar como considere oportuno, sin que nadie en Bruselas se atreva a intervenir", declaró Salvini a los periodistas.
Previamente, un breve comunicado de la oficina de la primera ministra Giorgia Meloni había mostrado un tono más conciliador, prometiendo responder a la Comisión "con un espíritu colaborativo y constructivo".
Aplicando la regulación del poder dorado, cuyo objetivo es proteger activos estratégicos, Italia ordenó a UniCredit cesar sus actividades en Rusia, salvo los pagos a empresas occidentales, antes de principios de 2026, entre otras condiciones.
Roma ya había explicado a la UE que la salida de UniCredit de Rusia era necesaria para evitar que los ahorros captados por Banco BPM beneficiaran a la economía de Moscú mientras continúa su guerra contra Ucrania.
Sin embargo, Bruselas indicó a Roma que su argumento no estaba suficientemente fundamentado.
"El decreto también podría ser incompatible con otras disposiciones del derecho comunitario, incluidas las relativas a la libre circulación de capitales y a la supervisión prudencial por parte del Banco Central Europeo".
La carta llega después de que un tribunal italiano anulase el sábado algunas de las condiciones impuestas por Roma a UniCredit, aunque confirmó la validez de la relativa a Rusia.
MÁS INCERTIDUMBRE
El fallo judicial ha incrementado la incertidumbre en torno a la oferta y eleva la tensión en el pulso entre UniCredit y el gobierno.
El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, destacado miembro de la Liga, afirmó en mayo que dimitiría si era desautorizado en la cuestión UniCredit-BPM.
Tanto el Tesoro como UniCredit han señalado que Roma deberá emitir un nuevo decreto a la luz de la decisión judicial del sábado.
El gobierno podría presentar un decreto modificado esta misma semana para evitar que UniCredit solicite la suspensión de la oferta mediante una petición formal al regulador del mercado Consob, según una fuente conocedora del asunto consultada por Reuters.
Hasta ahora, solo el 0,14% de los accionistas con derecho a voto han aceptado la oferta, que finaliza el 23 de julio.
Al precio actual, la oferta de UniCredit de 14.500 millones de euros (€14.500 millones) en acciones por BPM está por debajo del valor de mercado de este último, que asciende a 15.600 millones de euros (€15.600 millones).
($1 = 0,8553 euros)
