La empresa lleva años inmersa en un conflicto con el gobierno de México después de que en 2022 las autoridades ordenaran detener la extracción de piedra caliza en la unidad minera de Vulcan en el estado costero de Quintana Roo, alegando daños medioambientales por parte de la empresa, que niega las acusaciones.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo la semana pasada que el yacimiento no había sido expropiado, sólo clausurado, y que permanecería cerrado al menos hasta que él deje el cargo en octubre.
En un comunicado el lunes, Vulcan describió la suspensión de sus operaciones como "autoritaria" y dijo que no podía producir o vender materiales "debido a las acciones arbitrarias del gobierno de México con el fin de obligarnos a renunciar a nuestras importantes inversiones en la región."
El año pasado, López Obrador expuso sus planes de ofrecer 6.500 millones de pesos mexicanos (391 millones de dólares) para comprar los terrenos donde opera Vulcan Materials y resolver la disputa, pero dijo que la empresa no quería vender los terrenos.
"La verdad es que en ningún momento hemos recibido una 'oferta generosa' para comprar nuestra propiedad", dijo Vulcan el lunes.
"Se nos dio un avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos, incluyendo las reservas de piedra caliza de las que somos propietarios bajo la ley mexicana, así como el único puerto de gran calado en la región".
(1 dólar = 16,6440 pesos mexicanos)
