El Procurador General de Nuevo México, Héctor Balderas, en su declaración de apertura, argumentó que se suponía que las farmacias debían actuar como un "dique" contra una avalancha de prescripciones ilegítimas de opioides al negarse a surtir las recetas con "banderas rojas" que indicaban abuso.

"Los acusados tenían el deber legal, creo, de contener la avalancha y proteger a los nuevos mexicanos de los daños", dijo al juez Francis Matthew, que preside el juicio sin jurado en el Primer Circuito Judicial de Nuevo México en Santa Fe.

John Majors, un abogado de Walmart que pronunció un discurso de apertura en defensa de las tres empresas, rebatió que los farmacéuticos deben ejercer su "juicio profesional" en lugar de confiar en la "aplicación mecánica de las banderas rojas".

Dijo que el Estado no podría demostrar que los farmacéuticos surtieron "a sabiendas" cualquier receta ilegítima.

La epidemia de opioides en Estados Unidos ha causado más de 500.000 muertes por sobredosis en dos décadas, según datos del gobierno. Se han presentado más de 3.300 demandas, en su mayoría por parte de los gobiernos locales, en las que se acusa a los fabricantes de medicamentos, a los distribuidores y a las cadenas de farmacias de alimentar la crisis.

Los principales fabricantes y distribuidores de medicamentos han acordado colectivamente pagar miles de millones de dólares para resolver los casos de opioides contra ellos, pero las farmacias han resistido.

Sólo dos casos contra las farmacias han sido juzgados hasta llegar a un veredicto.

Uno, presentado por dos condados de Ohio, dio lugar a un veredicto del jurado contra Walgreens, Walmart y CVS Health Corp el año pasado, y a una sentencia de más de 650 millones de dólares el mes pasado.

El otro, presentado por San Francisco contra Walgreens, dio lugar a que un juez declarara a la empresa responsable el mes pasado, aunque no se ha decidido ninguna sentencia monetaria.

Walgreens y CVS también llegaron a un acuerdo a mitad del juicio con Florida por 683 millones de dólares y 484 millones de dólares, respectivamente.

Nuevo México demandó a las farmacias en 2017, acusándolas de crear una molestia pública al no detener el desvío de opioides hacia canales ilegales. El estado busca que las farmacias paguen por los programas contra la adicción para disminuir esa molestia.