La comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo aprobó un proyecto de ley para aplicar las normas de capital de Basilea III a partir de enero de 2025, aunque respaldando varias divergencias temporales para dar a los bancos más tiempo para adaptarse.
Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países están adoptando medidas similares, pero el comité utilizó el proyecto de ley para introducir nuevos elementos, entre ellos exigir a los bancos que posean capital suficiente para cubrir íntegramente las tenencias de criptoactivos.
"Se exigirá a los bancos que mantengan un euro de su propio capital por cada euro que posean en cripto", declaró Markus Ferber, miembro alemán de centro-derecha del comité.
La medida, provisional a la espera de una nueva legislación de la UE, está en línea con las recomendaciones de los reguladores bancarios mundiales.
"Unos requisitos de capital tan prohibitivos ayudarán a evitar que la inestabilidad en el mundo de las criptomonedas se extienda al sistema financiero", afirmó Ferber.
La Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME), un organismo del sector, dijo que el proyecto de ley no contiene ninguna definición de los criptoactivos y podría acabar aplicándose también a los valores tokenizados.
Los Estados de la UE ya han aprobado su versión del proyecto de ley, y los legisladores negociarán ahora un texto definitivo con los Estados miembros, en el que se esperan nuevos retoques.
Los bancos extranjeros que operan a través de sucursales en la UE seguirán de cerca las conversaciones.
Los Estados de la UE han adoptado un enfoque más acomodaticio sobre cuándo los bancos extranjeros que atienden a clientes en el bloque deben abrir una sucursal, o convertir una sucursal en una filial más capitalizada, mientras que los legisladores de la UE adoptaron el martes una línea más dura.
La UE está interesada en construir una "autonomía estratégica" en los mercados de capitales, ya que se enfrenta a un centro financiero competidor a sus puertas tras el Brexit.
AFME dijo que será importante evitar el "impacto adverso significativo" de restringir el acceso de la UE a los mercados internacionales y a los servicios transfronterizos.
