El impuesto fronterizo se aplicaría en su totalidad a partir de 2026, con un posible "periodo de transición" a partir de 2023, según un borrador de la propuesta que también ha visto Bloomberg. Está sujeto a cambios antes de su publicación.

El recargo arancelario se aplicaría a la siderurgia, el cemento, los fertilizantes y la electricidad. Los importadores tendrían que comprar certificados digitales, cada uno de los cuales representaría una tonelada de emisiones de dióxido de carbono incorporada a los productos importados. El precio de los certificados estará vinculado al coste de los permisos en el mercado europeo del carbono, y se basará en el precio medio de las subastas de permisos de carbono de la UE cada semana.

Las centrales eléctricas y las instalaciones industriales de la UE están obligadas a comprar permisos en el mercado europeo del carbono para cubrir sus emisiones. El precio de estos permisos ha alcanzado máximos históricos este año. Hoy se cotizan a 51 euros por tonelada de CO2.

La Comisión declinó hacer comentarios sobre la propuesta, pero dijo que la medida se ajustaría plenamente a las normas de la Organización Mundial del Comercio. A pesar de estas garantías, el plan ha suscitado la oposición de países como Rusia. Cada año, antes del 31 de mayo, los importadores deben declarar la cantidad de emisiones contenidas en las mercancías que importaron a Europa el año anterior y entregar el número correspondiente de certificados de gravamen en frontera. Si un importador no notifica correctamente sus emisiones, o si la cantidad no puede verificarse de forma independiente, el número de certificados que debe entregar se basará en valores por defecto, dice el proyecto. Si no se entrega el certificado, se impondrá una sanción económica equivalente al triple del coste del mismo.

El documento dice que los importadores pueden reclamar una reducción de sus costes de carbono en la frontera si tienen su sede en un país donde ya pagan un precio por el CO2. China y California son algunas de las regiones que ya utilizan sistemas de tarificación del CO2, aunque el alcance y el nivel de precios son diferentes a los de la UE.