El anuncio -que según Velásquez es también un gesto de la voluntad del gobierno de entablar posibles conversaciones con los grupos armados- supone un cambio en la estrategia de Colombia contra las guerrillas de izquierda y las bandas de narcotraficantes.
El conflicto de casi seis décadas en el país ha causado la muerte de al menos 450.000 personas.
Los bombardeos aéreos de los últimos años por parte del ejército han asestado duros golpes a grupos armados como los disidentes de las desmovilizadas FARC que rechazan un acuerdo de paz de 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda de crimen organizado Clan del Golfo, matando a importantes líderes.
"Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento concreto en el que se puede establecer una pauta absoluta, pero esa es la dirección que queremos tomar", dijo Velásquez a los periodistas, subrayando que los menores reclutados a la fuerza por los grupos armados son víctimas de la violencia.
"La acción militar que se lleve a cabo contra los miembros de los grupos armados ilegales no puede poner en peligro la vida de estas víctimas", añadió.
Las fuerzas armadas de Colombia han recibido críticas en los últimos años por parte de grupos de derechos humanos y políticos por los bombardeos en los que murieron estos menores.
El nuevo presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, está impulsando una política de "paz total" para poner fin al conflicto con las guerrillas y las bandas criminales a cambio de beneficios legales y reducción de penas.
Esa política no es una debilidad del Estado, dijo Velásquez, y añadió que las fuerzas armadas y la policía de Colombia seguirán cumpliendo sus funciones constitucionales.
"La paz no es una rendición del gobierno, no es una rendición de las fuerzas armadas. La paz es un proceso de construcción colectiva", dijo.
El Ministerio de Defensa también está evaluando la compra de una nueva flota de aviones de combate para reemplazar sus envejecidos aviones Kfir de fabricación israelí, dijo Velásquez.
