CIUDAD DE PANAMÁ, 28 nov (Reuters) - La feroz oposición a un acuerdo minero con una empresa canadiense se ha convertido en un tema candente de cara a las elecciones presidenciales de Panamá de mayo de 2024, con los candidatos presionando por un mayor control estatal de la lucrativa mina y el máximo tribunal anulando el contrato.

Los panameños han llevado a cabo las mayores protestas en décadas para que se anule el contrato firmado el 20 de octubre por la canadiense First Quantum, y han presionado a los candidatos para que adopten una postura más dura sobre una mina que representa alrededor del 5% del PIB nacional y el 1,5% de la producción mundial de cobre.

Los manifestantes vieron su deseo cumplido el martes, cuando la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato, aumentando la presión sobre el Gobierno y dejando el futuro de la mina en entredicho, mientras los votantes se preparan para las elecciones.

La administración actual había permitido que First Quantum siguiera operando la mina a pesar de que el máximo tribunal dictaminó en 2017 que un contrato anterior era inconstitucional.

"El movimiento de sana rebeldía contra la minera definitivamente va a tener un impacto en las elecciones de 2024", dijo Carlos Lee, analista político y profesor en la Universidad Santa María la Antigua.

Aún no está claro qué significa la sentencia para First Quantum, pero un proyecto de ley aprobado este mes por el Congreso de Panamá que prohíbe todas las nuevas concesiones y prórrogas mineras dificultará su continuidad como hasta ahora.

El expresidente, acaudalado empresario y principal candidato presidencial Ricardo Martinelli propuso la semana pasada que Panamá renegociara el contrato con la empresa canadiense para asegurarse regalías más altas y una participación en el proyecto.

Martín Torrijos, otro exmandatario que también se postula de nuevo, quiere que se cierre la mina. "Panamá habló y dijo no a la minería", declaró recientemente.

Justo antes del fallo judicial, un portavoz de la empresa dijo a Reuters que First Quantum respetaba el proceso democrático y el Estado de Derecho y que seguiría trabajando con Panamá "para encontrar soluciones que sean aceptables para una amplia gama de partes interesadas."

La disputa sobre el acuerdo minero, que se ha prolongado durante meses, se ha convertido en una prueba de fuego de la capacidad del istmo centroamericano para conciliar su prolongada apertura a los negocios con la necesidad de abordar la enorme desigualdad social.

El futuro de la mina Cobre Panamá también está siendo observado de cerca en el resto de América Latina, donde muchas de las principales concesiones mineras están en manos de firmas extranjeras.

La compañía canadiense ha declarado que tiene previsto iniciar un procedimiento de arbitraje contra Panamá en relación con la mina. El Gobierno ha dicho que defenderá el interés nacional.

El pasado fin de semana, la ira se desbordó en ataques contra los trabajadores de la mina, según First Quantum y un sindicato local.

Algunas encuestas sitúan a Martinelli como favorito para la presidencia, aunque una condena por blanqueo de dinero, que ha recurrido, podría frenar su postulación. Su abogado, Carlos Carrillo, dijo a Reuters que el caso no debería interferir en su candidatura.

Tres aspirantes presidenciales han dicho en privado a Reuters que las tensiones son tan altas que un comentario equivocado podría costarles la victoria, y temen que los manifestantes lleguen a sus puertas.

"Hoy Panamá necesita esta mina", afirmó uno de los aspirantes a la presidencia. "Lo que estamos haciendo es una estupidez total". "Hablar de un cierre total de la mina es predicar a los conversos", añadió el aspirante.

"Decir lo que acabo de decir en público es arruinar las posibilidades de ganar las elecciones, pero tampoco se puede pasar por alto que una gran parte de la población, menos organizada y menos ruidosa, entiende que la mina es necesaria"

Los políticos se han visto afectados por el descontento: los datos oficiales muestran que los partidos políticos perdieron más de 15,000 afiliados entre el 19 de octubre y el 23 de noviembre, siendo la agrupación gobernante la más afectada.

El endurecimiento de la postura de Torrijos y del candidato independiente Ricardo Lombana sobre la mina podría ayudarles electoralmente, según el abogado y exdiplomático panameño Roberto Ruiz.

Los manifestantes han mantenido una vigilia ante el máximo tribunal durante semanas instando a que el contrato sea declarado inconstitucional, y cientos salieron a las calles para celebrar el fallo el martes.

"Nuestra patria no se vende, sino que se defiende", señaló la semana pasada uno de los manifestantes, Edgar Díaz, estudiante de 22 años. "Todos sabemos que esta mina no es buena para la nación"

La cuestión más importante en torno a las elecciones debería ser cómo y cuándo acabarán los políticos con la minería en Panamá, consideró Samantha Claus, otra manifestante.

(Reporte de Valentine Hilaire y Elida Moreno; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)