Por Ana Mano

PASSO FUNDO, Brasil, 5 sep (Reuters) - Las cooperativas de Brasil que abastecen a algunas de las mayores multinacionales agrícolas del mundo están comprando soja cultivada ilegalmente en reservas indígenas, según líderes tribales y registros judiciales, pese a las promesas de las empresas de respetar los derechos sobre la tierra y los recursos de los pueblos indígenas.

La expansión de la agricultura comercial en tierras indígenas, que representan alrededor del 13% del territorio brasileño, ha provocado conflictos violentos en decenas de comunidades, según la policía federal, el Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Católica y la FUNAI, la agencia gubernamental brasileña que supervisa los asuntos indígenas.

La Constitución brasileña reserva tierras para uso exclusivo de las comunidades indígenas, mientras que una ley de 1973 prohíbe su alquiler o la formación de asociaciones para cultivos comerciales.

Pero estas restricciones no están codificadas en el código penal del país, lo que dificulta su aplicación, según la policía federal. Y aunque es legal que los miembros de las tribus cultiven soja por sí mismos, pocos de ellos tienen acceso a los fondos necesarios para dedicarse a la agricultura a escala comercial.

Desde 2013, la superficie dedicada al cultivo de soja en las 14 reservas indígenas en el estado más meridional de Brasil, Rio Grande do Sul, ha crecido a casi 28.000 hectáreas, un aumento del 23% en la década, según datos satelitales previamente no reportados proporcionados a Reuters por MapBiomas, un grupo de investigación sin fines de lucro sobre el uso de la tierra.

"Los responsables, los jefes, ganan mucho dinero mientras el resto de la comunidad se muere de hambre", dijo Aldronei Rodrigues, superintendente regional de la policía federal en Rio Grande do Sul.

Para muchos miembros de las comunidades indígenas de Brasil, el arrendamiento de tierras sigue siendo una de sus mejores opciones económicas, según la FUNAI. 

La agencia declaró a Reuters que las políticas gubernamentales no proporcionan suficiente acceso al crédito o apoyo técnico para ayudar a los miembros de las tribus a dedicarse a la agricultura comercial por su cuenta.

Ante la escasez de empleo en las reservas, muchas personas emigran en busca de trabajo como jornaleros estacionales o en plantas empacadoras de carne por un salario relativamente bajo, según los residentes locales.

"La búsqueda de mejores condiciones de vida dio lugar a diversas actividades ilícitas, (como) arrendamiento y cultivo de plantas modificadas genéticamente (en sus tierras), sobre todo en el sur del país", afirmó la FUNAI.

Brasil es el mayor productor y exportador mundial de soja, que se utiliza en piensos, biocombustibles y alimentos procesados. Los datos del sector muestran que dos tercios de la cosecha brasileña acaban en los mercados mundiales.

En Rio Grande do Sul, casi toda la cosecha se vende a cooperativas agrícolas como Cotrijal Cooperativa Agropecuaria e Industrial (Cotrijal) y Cooperativa Triticola Sarandi (Cotrisal), las dos mayores del estado, según dos corredores. 

Reuters habló con cuatro líderes indígenas, entre ellos los jefes de las reservas Serrinha y Nonoai, dos de las más implicadas en el cultivo de soja en el norte del estado de Rio Grande do Sul, quienes afirmaron que los cultivos comerciales de sus tierras se vendían a Cotrisal y a otras cooperativas.

Otros tres miembros de comunidades indígenas de Rio Grande do Sul, que hablaron bajo condición de anonimato, también dijeron a Reuters que Cotrisal era uno de los principales compradores de soja cultivada por agricultores no indígenas en tierras tribales arrendadas.

"Siempre hacemos este tipo de cosas -el arrendamiento- en contra de nuestra voluntad porque no podemos permitir que los indios pasen hambre", dijo José Oreste do Nascimento, que dirige la comunidad nonoai, de unas 3.600 personas, desde hace más de cuatro décadas.

Un tercio de las 20.000 hectáreas de la reserva se dedican al cultivo de soja, mostraron las imágenes por satélite, casi cinco veces más que en 1985, cuando empezaron los registros de MapBiomas.

Marciano Inacio Claudino, jefe del territorio de Serrinha, también dijo a Reuters que Cotrisal compra regularmente soja a agricultores no indígenas que arriendan sus tierras. El territorio de Serrinha tiene 12.000 hectáreas y, según datos por satélite, cultiva soja en unas 6.000 hectáreas.

Helvio Debona, ejecutivo de Cotrisal, y Enio Schroeder, vicepresidente de la compañía, dijeron a Reuters en entrevistas en abril, cuando los agricultores de Rio Grande do Sul estaban cosechando su soja 2024, que venden a gigantes como ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y COFCO.

SOJA NO TIENE MARCA

Cuando se le preguntó por el posible origen de la soja cultivada ilegalmente en tierras indígenas, Debona, de Cotrisal, afirmó que es imposible rastrear el origen del 100% de sus compras de grano. 

"No podemos garantizarlo", dijo en una entrevista. "La soja no viene con marca".

Cotrisal no respondió a las solicitudes de más comentarios enviadas por correo electrónico. Dijo que no había comprado granos de agricultores que arrendaban tierras en Serrinha y que no opera en la zona.

Durante años, las empresas agrícolas mundiales han asegurado que respetan los derechos sobre la tierra y los derechos humanos, destacando su atención a las comunidades indígenas en sus declaraciones anuales de sostenibilidad.

ADM no mencionó los derechos de los indígenas ni las disputas por la tierra en su informe de sostenibilidad corporativa del año pasado. 

En un informe sobre derechos humanos de 2022, la empresa señalaba la omnipresencia de los conflictos por la tierra en Sudamérica y afirmaba que no estaba directamente implicada en ninguno de ellos. El reporte de 2022 no hablaba del cultivo en reservas indígenas.

En un correo electrónico enviado a Reuters, ADM dijo que había investigado los hallazgos de la agencia de noticias y que no había encontrado pruebas de que la soja que compró hubiera sido cultivada en tierras arrendadas en las reservas Nonoai y Serrinha.

"No nos abastecemos de cereales procedentes de territorios indígenas de la región de Rio Grande do Sul", dijo Jackie Anderson, portavoz de ADM.

Sin embargo, la compra a grandes cooperativas de agricultores del sur de Brasil puede ocultar el origen de los cereales, según seis demandas presentadas entre 2008 y 2022 por fiscales federales en nombre de las tribus. Al menos dos de los casos están en curso.

Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus no respondieron a las solicitudes de comentarios y remitieron las preguntas al grupo nacional de la industria de la soja Abiove.

"Cotrijal y Cotrisal nos declararon que no compran granos producidos en las reservas de Nonoai y Serrinha", dijo Abiove en un correo electrónico.

Abiove dijo que sus miembros están presionando a las cooperativas para que garanticen que sus cadenas de suministro se ajustan a las leyes y obligaciones contractuales contra la compra de granos procedentes de territorios protegidos.

Andre Nassar, presidente de Abiove, afirmó en otro comunicado que los comerciantes pueden "detener todas las compras" a una cooperativa si se pone de manifiesto que se abastece de soja procedente de reservas.

Nassar dijo que los comerciantes también pueden pedir a las cooperativas garantías de que la soja ha sido cultivada por miembros de la comunidad indígena y no arrendada a terceros.

Abiove no respondió a las preguntas de Reuters sobre si sus miembros rechazaron alguna vez una compra a Cotrisal o Cotrijal, y no aportó más pruebas de sus esfuerzos por eliminar de su cadena de suministro el grano procedente de tierras indígenas.

Reuters revisó registros judiciales, incluida una factura de Cotrisal de noviembre de 2018 por compras de herbicidas contra una futura entrega de granos emitida a un agricultor demandado por fiscales federales por arrendar tierras para plantar soja en Serrinha.

Sentencias judiciales de 2017 y 2018, revisadas por la agencia de noticias, ordenaron la incautación de toneladas de soja cultivada en tierras indígenas de silos operados por Cotrisal, Cotrijal y otras cooperativas.

Cotrisal y Cotrijal no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las incautaciones.

(Reporte de Ana Mano en Passo Fundo y Sao Paulo; Editado en español por Javier Leira)