El Gobierno federal ha puesto en marcha la construcción de nuevas centrales eléctricas de gas destinadas a garantizar el suministro como complemento a las energías eólica y solar. Según el proyecto de ley de la ministra de Economía, Katherina Reiche (CDU), aprobado este miércoles por el gabinete, esto podría suponer costes adicionales de hasta 3.000 millones de euros anuales para los consumidores a partir de 2031. En el futuro, los operadores de centrales o sistemas de almacenamiento recibirán una remuneración no solo por la electricidad suministrada, sino también por mantener la capacidad disponible. Reiche calificó la medida de hito. Con esta ley 'nos aseguramos de que la electricidad esté disponible de forma segura incluso cuando el viento y el sol hagan una pausa'. Los Verdes criticaron la falta de incentivos para una transición temprana al hidrógeno.

También surgieron críticas desde la Asociación de Empresas Municipales (VKU), que agrupa a las compañías locales de servicios públicos. El borrador amenaza con favorecer a los grandes proveedores, lo que podría derivar en poder de mercado y mayores costes. Las empresas municipales se verían perjudicadas por las elevadas barreras financieras y los estrictos requisitos. Asimismo, la Oficina Federal de Cárteles ha criticado la creciente concentración del mercado en unas pocas empresas de generación eléctrica.

PLANIFICADA UNA NUEVA CAPACIDAD DE DOCE GIGAVATIOS

En la práctica, la ley favorece inicialmente la construcción de centrales de gas modernas. El objetivo es que el Bundestag apruebe la norma antes del parón estival para que puedan iniciarse las licitaciones. En varias rondas se subastarán nuevas centrales gestionables con una potencia total de doce gigavatios (GW). De ellos, diez gigavatios se destinan exclusivamente a nuevas plantas que deben ser capaces de suministrar electricidad de forma ininterrumpida durante al menos diez horas. Un requisito que muchos sistemas de almacenamiento no pueden cumplir.

Para 2026 están previstas dos licitaciones para estas denominadas capacidades de larga duración con la regla de las diez horas, que suman nueve gigavatios. Se licita la potencia reducida, lo que, según el proyecto de ley, equivale a diez gigavatios de nueva potencia nominal. Otros dos gigavatios de capacidad de generación seguirán en mayo de 2027.

FINANCIACIÓN MULTIMILLONARIA MEDIANTE UN RECARGO EN EL PRECIO DE LA LUZ

Dado que las nuevas centrales suponen una gran inversión pero están destinadas a funcionar con poca frecuencia, los inversores recibirán una remuneración por su disponibilidad. La financiación se planea mediante un recargo que sufragarán los consumidores de electricidad. Según el borrador, el Gobierno estima unos costes de subvención de entre 1.000 y 3.000 millones de euros en 2031. De 2032 a 2045, estos se situarían entre 900 y 2.300 millones de euros anuales. Esto se financiará a través de una tasa que los consumidores pagarán a partir de 2031.

Las nuevas centrales deberán poder adaptarse al funcionamiento con hidrógeno y ser totalmente neutras en emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2045. Las instalaciones con altas emisiones, como las centrales de carbón, quedan excluidas de las licitaciones. 'La estrategia de centrales eléctricas carece de la ambición necesaria para una transición temprana al hidrógeno verde', declaró Michael Kellner, portavoz de política energética del grupo parlamentario de los Verdes. 'El Gobierno está dejando pasar esta oportunidad'.

Las plantas se ubicarán principalmente en el sur y el oeste de Alemania, zonas densamente pobladas e industrializadas, y deberán estar operativas a más tardar en 2031. El objetivo es descongestionar las redes eléctricas y reducir significativamente la necesidad de costosas intervenciones de emergencia (redispatch). Están diseñadas para garantizar el suministro incluso en periodos de 'Dunkelflaute' (calma chicha y oscuridad), con escaso viento y sol.

La Federación Alemana de Industrias de la Energía y el Agua acogió con satisfacción, en principio, el proyecto de ley. No obstante, señaló que para la seguridad de la inversión es crucial que la autorización de la Comisión Europea en materia de ayudas estatales se reciba antes del inicio de las primeras licitaciones. Además, advirtió que en el diseño de las garantías y sanciones debe evitarse que las pequeñas y medianas empresas resulten perjudicadas.

(Reporte de Holger Hansen. Editado por Hans Busemann. Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestra redacción en berlin.newsroom@thomsonreuters.com (política y economía) o frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (empresas y mercados).)

- por Holger Hansen