El 15 de enero, los legisladores estadounidenses iban a iniciar una audiencia excesivamente demorada sobre la estructura del mercado cripto, centrada en la Ley CLARITY, una propuesta para delimitar las competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC). A pocas horas de empezar, el proceso se desconvocó, pues la noche anterior, Coinbase había retirado su apoyo repentinamente y, poco después, la Comisión Bancaria del Senado canceló la sesión.

El movimiento sacudió a la industria. CLARITY se considera una pieza legislativa definitoria que podría marcar el rumbo del sector durante años, de modo que conviene seguir de cerca su desenlace.

¿Qué es CLARITY?

CLARITY es un marco de estructura para el criptomercado propuesto en 2024 por un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes, liderado por Patrick McHenry. Su objetivo es responder a una pregunta que los reguladores estadounidenses han evitado durante más de una década: quién regula los criptoactivos y con qué base legal. Hoy, la mayoría de los criptoactivos se mueve en una zona gris. La SEC ha reclamado una autoridad amplia mediante acciones coercitivas, sosteniendo que muchos tokens son valores no registrados, pero se ha negado de forma sistemática a emitir directrices. La CFTC supervisa principalmente los derivados vinculados a activos que ya clasifica como materias primas.

CLARITY pretende sustituir esa incertidumbre —y la «regulación a golpe de demanda» de la SEC— por un enfoque basado en reglas. Introduce criterios objetivos para determinar cuándo una red blockchain está «madura» y lo suficientemente descentralizada. Una vez que una red cumpla esos umbrales —incluidos límites al control por una sola entidad, código abierto y participación amplia—, su moneda nativa pasaría a tratarse como una materia prima digital, y no como un valor. La supervisión principal se trasladaría entonces a la CFTC, con obligaciones de información más ligeras que las impuestas por la normativa de valores.

En teoría, este marco ofrece algo que el sector lleva tiempo reclamando: una vía previsible para desarrollar productos y criptoservicios . Sin embargo, para Coinbase, entraña demasiados riesgos estructurales.

El choque de Coinbase con CLARITY

En una publicación en X, el consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, citó cuatro grandes problemas: lo que describió como una prohibición de facto de las acciones tokenizadas; restricciones amplias a las finanzas descentralizadas (DeFi) que amenazan la privacidad financiera; una erosión de la autoridad de la CFTC en favor de la SEC, y enmiendas provisionales que podrían eliminar las recompensas por mantener saldos inactivos de criptomonedas estables (o stablecoins).

Algunos de estos aspectos están en discusión. El proyecto no prohíbe explícitamente las acciones tokenizadas, aunque exigiría que siguieran las mismas reglas que las acciones tradicionales, lo que podría chocar con la ambición de Coinbase de negociar acciones tokenizadas. Las recompensas de stablecoins no se prohibirían de manera tajante, pero los límites al interés pagado sobre saldos inactivos podrían afectar a los modelos de negocio.

Pese a esas carencias, otros actores del sector estaban dispuestos a aceptar CLARITY como un texto imperfecto pero utilizable. Dante Disparte, de Circle, advirtió contra dejar que se hundieran las conversaciones bipartidistas. Señaló la Ley GENIUS, otro proyecto cripto, como prueba de que una legislación financiera duradera exige compromisos. El codirector ejecutivo de Kraken, Arjun Sethi, el responsable de a16z crypto, Chris Dixon, y el consejero delegado de Ripple, Brad Garlinghouse, también se han pronunciado a favor de impulsar el proyecto.

¿Podría CLARITY frenar el criptomercado?

Aun así, persisten preocupaciones de fondo, especialmente en relación con DeFi. La analista de mercados criptográficos Noelle Acheson ha sostenido que CLARITY podría suponer uno de los riesgos legislativos más serios a los que se ha enfrentado la industria, debido a cómo define el «control» en DeFi. Con una lectura estricta del texto, un protocolo no se considera «descentralizado» si cualquier persona o entidad puede influir en la ejecución de operaciones, determinar el acceso, elegir qué activos se admiten, pausar la operativa en emergencias o congelar cuentas, incluso si esos poderes existen para proteger a los usuarios.

En la práctica, eso dejaría fuera a casi todas las aplicaciones DeFi existentes de las exenciones previstas. La consecuencia sería el cumplimiento obligatorio de la Ley de Secretos Bancarios y exigentes requisitos de divulgación, algo que choca con la naturaleza de DeFi. Esto podría, en la práctica, matar la innovación DeFi en Estados Unidos. Peor aún, el borrador también desincentiva funciones básicas de seguridad, como las pausas de emergencia tras los hackeos.

Por eso el debate sobre CLARITY es tan relevante. Las recompensas de stablecoins importan para el negocio, pero las salvaguardas de DeFi son existenciales. Al mismo tiempo, la ausencia de un marco también entraña riesgos. Sin legislación, las start-ups se enfrentan a una aplicación coercitiva sin límites claros y a una incertidumbre jurídica que los grandes operadores pueden absorber, pero los pequeños desarrolladores no.

El calendario no hace más que aumentar la presión. El Senado se encamina al receso y se cierne un posible cierre de la Administración el 30 de enero si fracasan las negociaciones de financiación. En el Capitolio, los retrasos suelen convertirse en cancelaciones. Mientras las criptomonedas quedan eclipsadas por prioridades más urgentes, el sector puede acabar lamentándolo.