La financiación estatal para Czech Television --la cadena más vista entre los espectadores de 15 años o más a través de sus canales de entretenimiento y noticias-- se situaría en 5.730 millones de coronas el próximo año, según Klempir.
Esta cifra es inferior a lo que la cadena espera recaudar por tasas de usuario este año, volviendo a niveles vistos antes del modesto aumento de las tasas del año pasado, el primero en casi dos décadas.
Su presupuesto total asciende a 8.500 millones de coronas, incluyendo también ingresos por publicidad y licencias.
El legislador de la oposición y jefe del comité de medios, Frantisek Talir, declaró a Reuters que el plan era un "ataque frontal" destinado a poner a los medios bajo control.
"El gobierno jura por los modelos de Europa occidental, pero, de hecho, está haciendo lo que ha sucedido en Eslovaquia y Hungría", afirmó.
Eslovaquia ha sido criticada por los organismos de control por su reforma de los medios de comunicación de 2024.
El proyecto de ley que se presentará al parlamento sigue a las promesas del primer ministro Andrej Babis de poner fin a las tasas de licencia de los hogares para los medios públicos.
Babis, un empresario multimillonario, ha criticado a menudo la cobertura de los medios públicos e independientes privados. También es aliado político del líder húngaro Viktor Orban, cuya gestión de los medios ha suscitado críticas de los organismos de control y de la oposición que ganó las elecciones el pasado fin de semana.
El director Rene Zavoral, de la Radio Checa, que también perdería cientos de millones de coronas bajo la propuesta, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que una cancelación injustificada del sistema que garantiza la independencia de los medios públicos solo podría verse como "un intento de allanar el camino hacia su debilitamiento y subyugación política".
Klempir afirmó en una rueda de prensa transmitida en directo que se preservaría la independencia de los medios, que la gobernanza seguiría sin cambios con juntas designadas por el parlamento y que los presupuestos se ajustarían automáticamente a la inflación, a diferencia de las tasas de usuario.
"La ley está redactada de manera que no amenace la independencia ni la libertad, ni permita interferencias", aseguró.
El gobierno no ha precisado cómo cubriría la financiación en unos presupuestos que ya se enfrentan a un déficit creciente.
Por otra parte, un grupo de legisladores de los partidos en el poder propone un cambio por la vía rápida para eximir del pago de tasas a grupos como los de la tercera edad a partir de mediados de 2026, lo que, según los medios públicos, podría afectar gravemente a sus operaciones.
