El Departamento de Estado de Estados Unidos planea destinar hasta 7,85 millones de dólares para ayudar a Costa Rica a deportar inmigrantes, según un documento al que tuvo acceso Reuters. El acuerdo se asemeja a un programa instaurado durante la era Biden que fue criticado por defensores de los migrantes.
De acuerdo con el documento, el Departamento de Estado transferirá fondos de su "fondo de apoyo económico" --normalmente utilizado para fomentar el desarrollo económico en países aliados-- al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa la aplicación de las leyes migratorias. Posteriormente, el DHS colaborará con las autoridades costarricenses para facilitar las deportaciones desde la nación centroamericana.
A principios de año, Costa Rica accedió a una solicitud de la administración Trump para recibir a 200 inmigrantes provenientes de África, Asia y Europa que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Aunque el plan contemplaba que Costa Rica devolviera a esos inmigrantes a sus países de origen, decenas de ellos permanecen en el país centroamericano.
Consultado al respecto, el Departamento de Estado sugirió que los nuevos fondos están destinados principalmente a ayudar a Costa Rica a deportar migrantes que transitan por el país rumbo a Estados Unidos, en vez de repatriar a quienes han sido deportados desde territorio estadounidense.
"El programa fortalecerá la capacidad de las autoridades migratorias costarricenses para frenar el flujo de migración ilegal a través de sus fronteras, a la vez que proporcionará capacitación y recursos para la evaluación de solicitudes de asilo", declaró un portavoz.
Si bien el documento detalla la transferencia prevista de fondos, no queda claro cuándo se llevará a cabo el operativo de deportación ni si podría estar sujeto a modificaciones.
Según el texto, el acuerdo con Costa Rica está inspirado "en parte" en el convenio firmado en 2024 entre la administración del expresidente estadounidense Joe Biden y Panamá, mediante el cual EE.UU. financió la detención y deportación de migrantes que atravesaban Panamá desde Colombia rumbo a Estados Unidos.
Algunos defensores de los migrantes y legisladores demócratas señalaron en su momento que dicho acuerdo podría impedir que poblaciones vulnerables accedieran al sistema de asilo estadounidense.
"El Departamento tiene la intención de apoyar al Gobierno de Costa Rica en la realización de operaciones de deportación de migrantes que no cuenten con protección internacional ni otros fundamentos legales para permanecer", indica el documento, que fue remitido en las últimas semanas a algunas oficinas del Congreso.
"Las actividades proporcionarían a Costa Rica asesoría técnica y apoyo logístico, incluido el transporte aéreo, para los procedimientos de deportación".
Los ministerios costarricenses de Seguridad Pública y Migración remitieron las consultas a la presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ninguna de estas entidades respondió a las solicitudes de comentarios.
NUEVOS ACUERDOS PARA DEPORTACIONES
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. en enero, su administración ha recurrido a varios acuerdos novedosos para facilitar deportaciones desde territorio estadounidense.
Estos acuerdos han incluido convenios con otros países --entre ellos Costa Rica-- para aceptar inmigrantes que se encuentran ilegalmente en EE.UU., independientemente de si los migrantes tienen algún vínculo con las naciones a las que son enviados. Algunos de estos países presentan instituciones débiles o antecedentes deficientes en derechos humanos, lo que genera preocupaciones de seguridad.
Si bien el acuerdo descrito en el documento es similar al firmado por la administración Biden con Panamá en 2024, existen diferencias entre la situación actual en Costa Rica y la de Panamá en ese entonces.
La migración hacia el norte por el Tapíén Gap, desde Colombia hasta Panamá y de ahí a Costa Rica y Estados Unidos, ha disminuido drásticamente.
Al mismo tiempo, algunos migrantes venezolanos han transitado por Costa Rica en dirección sur, tras abandonar su intento de ingresar a EE.UU. ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump y la eliminación de los programas de parole humanitario de Biden.
El documento no especifica a qué países deportaría Costa Rica a los migrantes, por lo que queda abierta la posibilidad de que algunos sean enviados a terceros países.
Tampoco está claro si la administración Trump planea implementar programas similares para financiar deportaciones desde otras naciones latinoamericanas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha viajado en los últimos meses a varios países de América Latina para tratar temas migratorios, entre ellos Costa Rica, Panamá, El Salvador y Chile.
