Hong Kong, 10 feb (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, advirtió este martes de que el fallo del Tribunal Supremo de Panamá que anula la concesión de dos puertos operados por CK Hutchison erosiona la confianza de los inversores en el clima de negocios del país centroamericano y obligará a revisar la exposición de la ciudad al mercado centroamericano.

Antes de la reunión semanal de su Consejo Ejecutivo, Lee expresó la "fuerte insatisfacción" de su gobierno con la resolución, que considera lesiva para la percepción de seguridad jurídica de las empresas de la excolonia británica presentes en Panamá.

El dirigente anunció que se evaluarán tanto los proyectos ya implantados como los planes de expansión en ese país, al tiempo que reclamó a las autoridades panameñas que salvaguarden "con seriedad" los intereses legítimos de operadores extranjeros que actúan conforme a la ley.

El fallo de la Corte Suprema de Panamá, anunciado a finales de enero, declaró inconstitucional la ley que sustentaba la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison, para operar las terminales de contenedores de Balboa y Cristóbal, situadas en los extremos del Canal de Panamá.

La concesión, originalmente firmada en 1997 y prorrogada en 2021 por 25 años, fue cuestionada tras una auditoría oficial que detectó presuntas irregularidades financieras y administrativas y desencadenó un amplio debate político en el país.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado (Ejecutivo) chino elevó el tono la semana pasada y calificó el fallo de "absurdo desde el punto de vista legal" y "extremadamente ridículo", advirtiendo de que Panamá "pagará un alto precio político y económico" si mantiene la decisión.

El organismo acusó a las autoridades panameñas de someterse a la "hegemonía" de terceros países y sostuvo que la independencia de su sistema judicial "se ha convertido en una broma", en referencia velada a la presión de Estados Unidos en torno al control estratégico del Canal.

La Oficina recordó que CK Hutchison ha destinado más de 1.800 millones de dólares a sus operaciones en Panamá y ha generado miles de empleos directos, por lo que interpreta la anulación de la concesión como una violación grave del Estado de derecho y del espíritu de los contratos, con un impacto directo sobre la reputación del país y su atractivo empresarial.

En paralelo, PPC puso en marcha un procedimiento de arbitraje internacional al considerar que es objeto de una "campaña dirigida" en su contra y reclama una indemnización amplia, en un contexto marcado por la pugna geopolítica entre Pekín y Washington y la paralización del traspaso de la concesión a un consorcio encabezado por la estadounidense BlackRock. EFE

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