¿El plan? Vender participaciones, concesiones y activos para atraer capital privado, reducir el peso del Estado y captar dólares en un país donde la restricción externa sigue siendo el verdadero límite de cualquier política económica.

Según el ministro de Economía, el Tesoro espera ingresar alrededor de 2.000 millones USD mediante privatizaciones y concesiones de aquí a finales de 2026. Al mismo tiempo, el 4 de mayo el Gobierno publicó un decreto de necesidad y urgencia que destina el 10% de lo obtenido con la venta de activos estatales al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Para Milei, el Estado debe retirarse de casi todas partes. Pero no de la defensa. Ahí, al contrario, debe seguir siendo fuerte, financiando equipamiento, modernizando capacidades militares, incorporando nuevas tecnologías —en especial, la inteligencia artificial— y reforzando la ciberseguridad.

Esta aceleración llega en una economía que claramente ha dejado de arder: la inflación se moderó al 3,4% en marzo de 2026 y al 32,6% interanual, el producto interior bruto (PIB) rebotó un 4,4% en 2025 y el desempleo se mantuvo contenido en el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025. 

Inflación en Argentina
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Con Milei, la «motosierra» fiscal fue solo el primer paso. El segundo consiste en redefinir el propio perímetro del Estado: qué sigue en sus manos, qué se concede, qué se deja al sector privado y qué se espera financiar con esta transformación. Detrás de la retórica libertaria hay un mecanismo muy claro: amortizar deuda, tranquilizar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y demostrar a los mercados que Argentina puede dejar de ser un país donde el ajuste fiscal solo conduce a la recesión. 

De una economía de crisis a una economía bajo vigilancia

Cuando Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la economía argentina salía de una etapa de desorden monetario y fiscal crónico. Desde entonces, el Gobierno ha logrado darle la vuelta a la tendencia: en 2024, el país registró su primer superávit financiero en 14 años, equivalente al 0,3% del PIB, con un superávit primario del 1,8%.

Unos meses después, en abril de 2025, Argentina cerró un nuevo programa por 20.000 millones USD con el FMI y empezó a desmontar buena parte de las restricciones cambiarias que habían paralizado la inversión y alimentado distorsiones monetarias durante casi seis años.

La recuperación macroeconómica es real, pero no tiene nada de milagroso. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos dibujan una economía que primero absorbió el golpe de la austeridad y después rebotó: el PIB cayó un 1,3% en 2024 y creció un 4,4% el año pasado. En 2025, el crecimiento se apoyó sobre todo en el consumo privado, la inversión y las exportaciones, con fuertes avances en finanzas y minería. Aun así, algunos sectores siguen siendo frágiles: la industria manufacturera apenas avanzó un 0,8% y, en el cuarto trimestre, todavía estaba un 5% por debajo del nivel de un año antes. En cambio, la tasa de pobreza bajó del 52,9% de la población en el primer semestre de 2024 al 28,2% en el segundo semestre de 2025, un descenso celebrado por el FMI y esgrimido por las autoridades como prueba de que la desinflación vuelve a proteger la renta de los hogares.

Pero la vida económica sigue bajo presión: ya en 2025 se observó una caída superior al 15% en términos reales en los salarios del sector público, al tiempo que repuntaba el empleo informal; en 2026, el sector de componentes de automoción informó de la pérdida de unos 5.000 puestos de trabajo en 2025, cerca del 10% de su plantilla; y la morosidad del crédito a los hogares subió al 10,6% en enero de 2026, frente al 2,8% de cuando Milei llegó al poder. 

La privatización como doctrina y necesidad de dólares

Desde la campaña, Milei ha repetido que el Estado no debe sustituir al empresario. Su referencia remite a la Argentina de los años noventa, cuando Carlos Menem convirtió el libre mercado y las privatizaciones en el gran eje de su política económica. Entonces, el país vendió cerca de 65 empresas públicas al sector privado. Telecomunicaciones, energía, transporte, servicios: una oleada masiva de privatizaciones transformó la economía argentina. Milei recupera esa tradición, pero en un contexto muy distinto. En los años noventa, Argentina quería subirse al carro de la globalización liberal. En 2026, lo que pretende ante todo es salir de un ciclo de crisis y desconfianza.

En un primer momento, el Gobierno quiso privatizar 41 empresas públicas. Sin embargo, el Congreso frenó el proceso. Tras largos debates, solo ocho compañías quedaron incluidas en la Ley de Bases, la gran reforma aprobada seis meses después de la llegada de Milei al poder.

Por ahora, solo una empresa ha sido privatizada oficialmente: Industrias Metalúrgicas Pescarmona, especializada en equipamiento metalúrgico, vendida en 2025 a un consorcio estadounidense. Una primera operación simbólica, relevante en lo político, pero insuficiente en lo financiero.

Desde entonces, el Ejecutivo ha pisado el acelerador. Ahora hay varios expedientes sobre la mesa: Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa nacional de agua y saneamiento; Transener, gestora de la red de transporte eléctrico de alta tensión; Intercargo, operador de servicios aeroportuarios; sin olvidar el debate en torno a Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea de bandera y uno de los símbolos más sensibles del Estado argentino.

AySA es especialmente estratégica. La compañía presta servicio a unos 14 millones de personas en Buenos Aires y su área metropolitana. Su privatización podría aportar alrededor de 500 millones USD. Pero se trata de un servicio esencial: el agua. Y privatizar el agua nunca tiene el mismo coste político que vender una participación industrial.

Transener, por su parte, gestiona unos 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión. También aquí lo que está en juego va mucho más allá de una simple venta accionarial. El transporte eléctrico es la columna vertebral de la economía. Sin una red fiable no hay industria competitiva, ni modernización productiva, ni integración energética. Desprenderse de una participación en un actor tan central supone abrir a capital privado uno de los nervios vitales del país.

Al mismo tiempo, Argentina tuvo que atender un pago de bonos por 4.300 millones USD, apoyándose, entre otras herramientas, en una operación de recompra por 3.000 millones suscrita por el banco central con seis bancos internacionales. En abril, el Banco Mundial aseguró que estaba trabajando en una garantía de hasta 2.000 millones para ayudar al país a refinanciar su deuda. Las privatizaciones encajan así en una estrategia más amplia: captar dólares sin reabrir de inmediato el grifo de una deuda externa cara y políticamente peligrosa. 

La apuesta de Milei

La respuesta más sencilla sería decir: «porque Milei cree en ello». Y sería cierto, pero insuficiente. El verdadero motor es más profundo: Argentina quiere recuperar margen de maniobra sin volver a caer en su vieja dependencia del mercado internacional de deuda. Los inversores han empezado a recibir positivamente la estabilización macroeconómica: Fitch elevó la calificación soberana del país a «B-» a comienzos de mayo de 2026. Pero la misma agencia recordó acto seguido que las vulnerabilidades siguen siendo elevadas: una inflación todavía alta, escasas reservas internacionales y una larga historia de inestabilidad macrofinanciera.

Por eso, vender un activo público se convierte en un instrumento de múltiples funciones. Refuerza al Tesoro sin aumentar la deuda externa, muestra al FMI que los compromisos de reforma avanzan, aporta divisas al banco central en determinados momentos o, más exactamente, alivia la presión sobre la financiación global en dólares. También envía una señal política: la Argentina de Milei quiere demostrar que no volverá al viejo modelo, el de un Estado omnipresente, empleador de último recurso, gestor de aerolíneas, agua, servicios de rampa aeroportuaria y líneas eléctricas, a menudo a costa de subsidios recurrentes o inyecciones de capital.

Las privatizaciones también buscan lanzar un mensaje a los inversores internacionales: Argentina ha vuelto.

Durante años, el país fue percibido como inestable, imprevisible, inflacionista, proteccionista y dependiente de los controles cambiarios y de las reestructuraciones de deuda. Milei quiere invertir ese relato. Quiere demostrar que Argentina está preparada para acoger capital, reducir la intervención del Estado, respetar los contratos y premiar la inversión.

Eso es esencial para los sectores estratégicos del país: energía, litio, gas de esquisto, minería, agricultura, infraestructuras, logística y tecnología. Argentina cuenta con activos enormes. Pero sus crisis recurrentes han impedido a menudo su plena puesta en valor.

Las privatizaciones se convierten así en un escaparate. Si salen bien, pueden ayudar a restaurar la confianza. Si fracasan, pueden reforzar la idea de que Argentina sigue siendo incapaz de transformar sus promesas en instituciones estables.