A lo largo de Lake Street, en la zona sur de Minneapolis, de gran presencia latina, numerosos restaurantes familiares han colgado carteles que dicen "No ICE", en referencia a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), quienes han realizado frecuentes redadas en la zona. Las acciones federales también han provocado que miles de personas salgan a las calles a protestar después de que agentes de ICE mataran a Renee Good, de 37 años, en su vehículo la semana pasada.
En contraste, las grandes corporaciones de Minneapolis han sido mucho menos expresivas sobre los efectos de la aplicación de la ley migratoria en la ciudad, conocida tanto por ser un bastión de la política progresista en el medio oeste estadounidense como por su robusto tejido empresarial. Diecisiete empresas de la lista Fortune 500 tienen su sede en Minnesota, incluyendo Target, UnitedHealth y General Mills.
Reuters contactó a esas empresas, así como a corporaciones de Minnesota como Best Buy, Hormel, Land O'Lakes, el gigante agrícola Cargill y el conglomerado industrial 3M. Ninguna quiso hablar oficialmente sobre las directrices que han dado a sus empleados. Sus sitios web tampoco han abordado las actuales acciones federales ni el malestar en la ciudad.
Esto contrasta con la respuesta empresarial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020, que desató indignación nacional; muchas empresas, incluidas UnitedHealth y General Mills, expresaron apoyo a Floyd o a su familia tras su fallecimiento.
EL MIEDO REDEFINE LA OPERACIÓN
El silencio empresarial, según Bill George, exejecutivo radicado en Minneapolis y actual miembro de la Harvard Business School, es un error.
"Muchos permanecen muy callados y creo que no es buen momento para guardar silencio", dijo a Reuters. Añadió que ha conversado con numerosos ejecutivos en la zona de Minneapolis que han manifestado preocupación por el impacto en los negocios, y que muchos aún están elaborando directrices para sus trabajadores.
"Me decepciona no escuchar sus voces. Tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de sus empleados", afirmó.
Las empresas se han mostrado mucho menos críticas con las políticas del presidente Donald Trump en su segundo mandato, por miedo a represalias o amenazas de boicot. Tras la cancelación de reservas para miembros de ICE por parte de un Hampton Inn propiedad de Hilton a principios de enero, la compañía eliminó el hotel de su red.
Muchos restaurantes de Lake Street han reducido horarios o cerrado. En Pineda Tacos, donde un cartel de "No ICE" cuelga en la ventana principal y botes de basura bloquean la entrada trasera, los empleados vigilan la puerta para evitar redadas sorpresa, permitiendo el ingreso de clientes uno por uno. El dueño, Luis Reyes Rojas, afirmó que el temor ha transformado las operaciones diarias.
"Tenemos el plan A, el plan B y el plan C", explicó Reyes Rojas, describiendo estrategias para refugiarse en oficinas o sótanos si aparecen agentes. "No sabemos cuánto tiempo más podremos soportar esto".
SINTIENDO LOS EFECTOS
Asociaciones empresariales señalan que la economía regional, valorada en 350 mil millones de dólares, ya siente los efectos, desde caídas en ventas en pequeños negocios hasta menor asistencia en grandes empresas y explotaciones agrícolas. "Hay impactos que llegan hasta las empresas Fortune 500 y también a los pequeños propietarios", dijo Mike Logan, director ejecutivo de la Cámara Regional de Comercio de Minneapolis.
La administración Trump ha defendido las operaciones y ha sumado más agentes, pese a que un 69% de los estadounidenses en una reciente encuesta de Reuters opina que los agentes federales deberían minimizar el daño a las personas durante las operaciones, aunque disminuyan los arrestos.
Uno de los incidentes más notorios de ICE ocurrió en una tienda Target en el suburbio de Richfield, donde dos empleados -ambos ciudadanos estadounidenses- fueron detenidos por agentes de ICE. Uno de los arrestados era un empleado de Target de 17 años, según una fuente cercana al caso. Target no ha emitido ninguna declaración pública sobre las redadas de ICE; la empresa declinó hacer comentarios para este reportaje.
Michael Howard, representante estatal demócrata, cuyo distrito incluye partes de Minneapolis y Richfield, dijo que ha intentado conocer más sobre los protocolos de Target relacionados con ICE. Les insta a "hacer valer con mayor claridad sus derechos de propiedad privada y los derechos de la Cuarta Enmienda para exigir que, si ICE entra en sus espacios público-privados, presenten una orden judicial".
Jeff, de 61 años, propietario de una empresa de limpieza residencial en los suburbios de Minneapolis, contó que ha dicho a su plantilla, compuesta totalmente por latinos, que no trabajen si se sienten amenazados. Prefiere no compartir su apellido ni el nombre de su negocio por miedo a llamar la atención de ICE. Ha estado llenando los depósitos de los autos de la empresa tras conocer informes de que ICE ha interrogado a personas en gasolineras.
"No le digo a nadie que tenga que trabajar", aseguró. "Si quieren, les daré la ruta más segura posible. Si no quieren venir, lo entiendo, y nadie será despedido".
