La República Democrática del Congo ha prorrogado por seis meses la prohibición del comercio de minerales provenientes de decenas de sitios de minería artesanal en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, regiones azotadas por el conflicto armado, según informó el Ministerio de Minas.
Esta extensión incrementa la presión sobre las cadenas de suministro globales de estaño, tantalio y tungsteno, insumos clave para las industrias electrónica, automotriz y aeroespacial.
La prohibición, que fue instaurada en febrero, se mantiene debido a evidencias de que el suministro ilegal de estos minerales está financiando a grupos armados en el este del país, según una orden fechada el 3 de noviembre y firmada por el ministro de Minas, Louis Watum Kabamba.
La orden, publicada por el ministerio en redes sociales el domingo, se aplica a 38 sitios productores de coltán, casiterita y wolframita --componentes esenciales para la obtención de estaño, tantalio y tungsteno-- ubicados en el territorio de Masisi en Kivu del Norte y en el territorio de Kalehe en Kivu del Sur.
Rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, junto con otros grupos armados, han capturado una parte significativa del territorio en el este del Congo, una región rica en minerales.
La ofensiva del M23 este año ha causado la muerte de miles de personas y ha desplazado a cientos de miles más.
La riqueza mineral ha sido considerada durante mucho tiempo como un factor que alimenta la violencia en el este del país, ya que, según expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, los combatientes utilizan las minas de coltán, casiterita y oro para financiar sus operaciones.
Un informe de la ONU publicado en diciembre de 2024 señaló que los ingresos provenientes del contrabando de minerales están financiando operaciones militares, sosteniendo una economía de guerra y prolongando la violencia.
La orden del Ministerio de Minas prohíbe la adquisición y exportación de minerales de los sitios señalados y advierte que podrían ser sometidos a auditorías independientes por parte del ministerio o de organismos internacionales, incluidos la ONU y la OCDE.
En 2024, Congo presentó denuncias penales en Francia y Bélgica contra filiales de Apple, alegando que sus cadenas de suministro incluían minerales saqueados de zonas en conflicto, a pesar de las declaraciones de Apple bajo la legislación estadounidense.
Apple negó las acusaciones, asegurando que había ordenado a sus proveedores dejar de comprar minerales provenientes del Congo y Ruanda.
Los tribunales estadounidenses también han recibido demandas contra Apple, Google, Tesla, Dell y Microsoft por supuesta dependencia del cobalto extraído en condiciones abusivas en el Congo, aunque dichos casos fueron desestimados.
