El gobierno de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni ha propuesto en su presupuesto para 2023 suprimir las multas a los comercios que se nieguen a aceptar tarjetas para pagos inferiores a 60 euros (63,20 dólares), en una medida considerada contraria al espíritu de los compromisos adquiridos con la UE.

Roma también planea elevar el límite de los pagos en efectivo a 5.000 euros desde el límite anterior de 1.000 euros a partir del próximo año.

"Los umbrales más elevados favorecen la economía sumergida", declaró al Parlamento el jefe de investigación económica del banco central, Fabrizio Balassone.

"Las limitaciones al uso de efectivo suponen un obstáculo para varias formas de delincuencia y evasión (fiscal)".

Balassone añadió que las dos medidas corrían el riesgo de "chocar con el impulso de modernización del país" a través del Plan nacional de recuperación y resiliencia post-Covid de Italia.

Uno de los llamados "objetivos e hitos" políticos del plan italiano acordado con Bruselas a cambio de unos 200.000 millones de euros de fondos de la UE era la introducción de sanciones para los minoristas que se nieguen a aceptar pagos con tarjeta.

Esas multas, que ascienden a 60 euros más el 4% del valor de la transacción, eran una de las condiciones para el tramo de 21.000 millones de euros del dinero del Fondo de Recuperación que Roma consiguió en el primer semestre de este año.

Sin embargo, Meloni dijo el domingo que podría suavizar los planes para facilitar la liquidación de pequeños pagos con efectivo en lugar de tarjetas, tras las conversaciones mantenidas con la Comisión Europea sobre esta cuestión.

Cada año se evaden en Italia unos 100.000 millones de euros en impuestos, según datos de Hacienda.

Según Balassone, en 2019 el número de transacciones electrónicas anuales per cápita en Italia se situó en torno a 130, una cifra considerablemente inferior a la media de casi 300 de la zona euro.

(1 dólar = 0,9499 euros)