La Corte de Cuentas de El Salvador, que supervisa sus recursos públicos, investigará una denuncia sobre las compras de bitcoin por parte del gobierno y la construcción de quioscos para cajeros automáticos de criptomonedas, según un documento visto por Reuters.

El Salvador se convirtió este mes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, una medida impulsada por el popular presidente del país, Nayib Bukele.

El gobierno también ha lanzado un monedero digital, Chivo, que está vinculado a cajeros automáticos de criptomonedas recién construidos que permiten a los usuarios retirar dinero físico de sus tenencias digitales de bitcoins. Su puesta en marcha ha estado plagada de fallos https://www.reuters.com/technology/it-guy-in-chief-president-tries-fix-el-salvadors-bitcoin-woes-2021-09-08.

El Tribunal de Cuentas, que puede imponer sanciones administrativas y patrimoniales a los funcionarios que no puedan resolver las deficiencias, dijo que recibió una queja el 10 de septiembre de una organización regional de derechos humanos y transparencia, Cristosal, sobre la implementación de bitcoin en El Salvador.

Cristosal solicitó una auditoría de los procesos de autorización para la compra de bitcoins y que se revise la construcción de las cabinas de los cajeros automáticos vinculados a la billetera digital de Chivo, una empresa creada con recursos públicos.

La denuncia de Cristosal fue contra seis miembros del Consejo de Administración del Fideicomiso Bitcóin, integrado por miembros de las secretarías de Hacienda y Economía, así como de la secretaría de Comercio e Inversiones.

"Admitida la denuncia, se procederá a realizar el informe de análisis jurÃdico y, oportunamente, remitir dicho informe a la Coordinación General de Fiscalización", dijo el Tribunal de Cuentas en un documento oficial revisado por Reuters.

Un funcionario de Cristosal, que no estaba autorizado para hablar del asunto, confirmó que la denuncia ha sido aceptada.

Además de sancionar a los funcionarios, el Tribunal de Cuentas está facultado para presentar avisos a la Fiscalía General para que inicie procedimientos penales en caso de que encuentre irregularidades en sus investigaciones.

El gobierno del presidente Bukele no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios. (Reportaje de Nelson Renteria Redacción de Drazen Jorgic; Edición de Michael Perry)