Existe un creciente interés internacional por la minería de aguas profundas, pero también hay presiones por parte de algunos grupos ecologistas y de los gobiernos para que se prohíba o se garantice que sólo se lleve a cabo si se aplican las normas adecuadas.

La minería de aguas profundas implicaría el uso de maquinaria pesada para aspirar del fondo del océano rocas del tamaño de una patata o nódulos que contienen cobalto, manganeso y otros metales raros que se utilizan principalmente en las baterías.

"Tenemos... que crear el marco legal para detener la minería de alta mar y no permitir nuevas actividades que pongan en peligro estos ecosistemas", dijo Macron en un acto al margen de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos en Lisboa.

"Pero al mismo tiempo tenemos que promover que nuestros científicos y exploradores conozcan mejor la alta mar... tenemos que entender mejor para proteger", añadió Macron.

Aunque expresó su preocupación por la explotación minera en aguas profundas, Francia tiene un contrato de exploración a través del Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, válido hasta junio de 2026, para un área de 75.000 kilómetros cuadrados (28.958 millas cuadradas) en la zona Clarion-Clipperton en el Pacífico Norte rica en nódulos polimetálicos.

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), un organismo de la ONU, está elaborando una normativa que regule la explotación minera de los fondos marinos en alta mar, zonas que quedan fuera de toda jurisdicción nacional. Hasta que no se establezcan normas globales, la minería de los fondos marinos no está permitida.

Varias naciones, como las islas del Pacífico Palau y Fiyi, pero también Chile, han pedido una moratoria mundial de todas las actividades mineras en los fondos marinos, alegando preocupaciones medioambientales y la falta de datos científicos suficientes.

Pero no todos los países están en contra. China es líder en la exploración minera en aguas profundas, y las naciones pequeñas también se han involucrado. La diminuta nación insular de Nauru pidió el año pasado a la AIS que acelerara la adopción de normas sobre la minería de los fondos marinos.

Los países del G7 acordaron el mes pasado que sólo darían su consentimiento a estos proyectos mineros si no dañaban gravemente el medio ambiente. Peter Thomson, enviado especial de la ONU para los océanos, dijo a Reuters que creía que pronto aparecerían reglamentos para contrarrestar esas preocupaciones.