Kimani, su cliente Josephat Mwendwa y su chófer Joseph Muiruri fueron asesinados poco después de presentar una denuncia por brutalidad policial alegando que la policía había disparado y herido a Mwendwa.
Sus cuerpos fueron recuperados posteriormente de un río a las afueras de la capital, Nairobi.
El caso desató la indignación en Kenia, donde la policía se enfrenta a frecuentes acusaciones de brutalidad y ejecuciones extrajudiciales pero casi nunca es acusada.
Los cuatro acusados fueron condenados por asesinato el año pasado.
El principal acusado, Frederick Leliman, fue condenado a muerte por el tribunal. Sin embargo, Kenia no ha ejecutado a nadie desde 1987, ya que las penas de muerte suelen conmutarse por cadena perpetua.
Los otros dos policías, Stephen Cheburet y Sylvia Wanjiku, y su informador civil, Peter Ngugi, fueron condenados a penas de prisión de entre 20 y 30 años.
La juez, Jessie Lessit, describió la matanza como un asesinato "bien planeado y ejecutado".
Un portavoz de la policía dijo que ésta emitiría un comunicado más tarde.
La policía afirma que toma medidas contra cualquier agente acusado de brutalidad, mientras que la Autoridad Independiente de Supervisión Policial, un organismo creado para investigar los casos de brutalidad policial, investiga estos casos y recomienda su enjuiciamiento.
En el momento de su muerte, Kimani trabajaba para International Justice Mission, un grupo mundial de defensa de los derechos legales que ayuda a investigar y documentar los asesinatos y la brutalidad policial.
