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Invasiones de tierras en Colombia amenazan con guerra de etnias, estallido social y golpe a la inversión

30/09/2022 | 15:06
Colombia land occupations

CORINTO, Colombia, 30 sep (Reuters) - Luciendo un machete en el pecho, el campesino colombiano Aldemar Moreno hace guardia con una docena de compañeros a la entrada de un cultivo de caña de azúcar y, aunque hace un llamado al diálogo, advierte que está dispuesto a morir protegiendo los terrenos de la empresa en la que trabaja hace 23 años.

"Ya hemos tomado una decisión, que si por defender nuestro derecho (...) nos toca hacernos matar, nos vamos a hacer matar porque es que de mí depende mi familia", dijo frente a una profunda zanja que cavaron para frenar un nuevo ingreso de indígenas a la finca, en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.

Las ocupaciones ilegales de tierras arreciaron en los últimos meses, según diferentes sectores, después de la elección en junio del izquierdista Gustavo Petro como presidente.

El primer mandatario izquierdista del país sudamericano propone una reforma agraria para comprar tres millones de hectáreas, por 14.000 millones de dólares, a propietarios de grandes extensiones para venderlas a los campesinos pobres.

Además, anunció que entregará bienes incautados a narcotraficantes avaluados en 5.000 millones de dólares a asociaciones de campesinos, mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado, para ponerlos a producir.

Pero los anuncios parecen haber sido mal interpretados por personas y campesinos que están invadiendo terrenos privados.

Simultáneamente, los indígenas intensificaron las ocupaciones de fincas, principalmente sembradas con caña de azúcar, dentro de su plan de "liberación de la madre tierra".

"El tema de liberación es un concepto más amplio, más profundo que abarca la recuperación no solo de la tierra, sino la recuperación del agua, la recuperación de la parte silvestre, de animales, el tema de medio ambiente, árboles, comida, todo", dijo "Cruz", un líder indígena quien con 450 personas más ocupó una finca de 150 hectáreas del ingenio Castilla, en el municipio de Padilla.

"Pueden ser cuestiones de liderazgo, de que algunos líderes estén malinterpretando la función o ese concepto de tener ese nuevo Gobierno", admitió "Cruz", rodeado por cambuches construidos con guadua y plásticos negros en donde pernoctan mientras vigilan para evitar ser desalojados por la policía.

TODOS CONTRA TODOS

Según datos de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, han sido invadidas más de 5.000 hectáreas de cultivos y otras 7.000 fueron afectadas en los intentos de ocupación, por lo que en lo corrido de este año se dejaron de producir alrededor de 75.000 toneladas de azúcar, el equivalente en promedio a lo producido en 15 días.

"¿Quién pierde más en caso de que los empresarios levanten sus plantas y se vayan para otra parte? Ellos no pierden porque ellos tienen la plata, los que perdemos somos nosotros que el empleo es todo lo que tenemos", dijo el trabajador Juan Carlos Agudelo.

La Defensoría del Pueblo identificó 108 ocupaciones ilegales o invasiones de tierras por unas 6.000 familias en una tercera parte de los 32 departamentos del país.

"Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados muy rápidos para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social", dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

En un fenómeno adicional, se exacerbaron las confrontaciones entre diferentes etnias y razas que involucran campesinos, indígenas y afrodescendientes, además de terratenientes en torno a disputas sobre la territorialidad.

"Esto era un remanso de paz y ahora es un remanso de guerra", dijo Otoniel Candelo, presidente de la junta de acción comunal de la población afro del pueblo El Tetillo Tamboral.

"Eso es a lo que nos están incitando, a una guerra porque a lo último va a haber confrontaciones entre negros e indios (...) porque nosotros tampoco nos vamos a aguantar que nos vayan a sacar así por así", advirtió el hombre de 64 años que cultiva caña en su terreno de una hectárea.

Petro advirtió hace un par de semanas que "el poseedor de una tierra que sea invadida puede directamente, sin intermediación de alcaldes o gobernadores o del presidente, ordenar a la policía el desalojo".

La ley establece que la policía puede actuar dentro de las primeras 48 horas de la ocupación ilegal, plazo tras el cual se inicia un proceso judicial que dificulta recuperar los predios.

BOMBA DE TIEMPO

El panorama apunta a complicarse por temores de que grupos armados ilegales se involucren en las disputas.

La Defensoría del Pueblo alertó que en al menos 13 casos de invasiones están vinculadas estructuras armadas ilegales, sin dar más detalles.

"Es una bomba de tiempo", dijo el senador Andrés Guerra, del partido de derecha Centro Democrático.

Pese a las desmovilizaciones de grupos irregulares en los últimos 15 años, en Colombia siguen operando guerrillas de izquierda y bandas criminales, conformadas por exparamilitares de derecha, vinculadas al narcotráfico.

"Cruz" dijo que en cercanías de la finca que ocuparon descubrieron alrededor de una docena de hombres armados escondidos en los cultivos, que se presentaron como militares, pero no tenían ningún distintivo que los identificara como tal.

"No sabemos qué vaya a pasar con el tema de la reactivación del paramilitarismo acá en el norte del Cauca", dijo "Cruz". "Es la gran preocupación que tenemos acá nosotros como liberadores".

Y es que existen antecedentes. En diciembre de 1991 murieron 21 indígenas durante la ocupación a una hacienda en el municipio de Caloto, cuando fueron atacados por paramilitares.

Pocos días después de la visita de Reuters, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) informó que cuatro miembros de su comunidad resultaron heridos por disparos en un ataque de un grupo desconocido.

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie, propuso crear a finales de agosto un grupo de "reacción solidaria inmediata para cuando exista perturbación de la propiedad inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar", lo que encendió las alarmas.

"No aceptamos que haya nada de autodefensas, ahí es el Estado el que tiene que actuar muy fuerte en defender los derechos de la propiedad", advirtió la ministra de Agricultura, Cecilia López, al tiempo que rechazó las invasiones. "Formas absurdas de adquirir tierra sin ningún derecho, ahí la ley se aplicará con toda la fuerza".

Pero la thuthenas Milady Dicue, una consejera indígena, advirtió que sus comunidades se mantendrán firmes ante los incumplimientos de gobiernos anteriores.

"El movimiento indígena ha hecho muchísimos acuerdos con los diferentes gobiernos que han pasado para que se garantice ese derecho a la tierra, que digamos hasta la fecha no se ha materializado", dijo. "Al menos en lo que concierne en las comunidades indígenas del norte del Cauca las comunidades van a continuar resistiendo".

INVASIÓN VS INVERSIÓN

Si bien los indígenas dicen que las ocupaciones se concentran en los terrenos cosechados con caña de azúcar, otros cultivos han comenzado a ser invadidos y la inversión se está frenando.

Un fondo de inversión de Oriente Medio interesado recientemente en establecer un cultivo y una planta de procesamiento de aguacate en el departamento del Cauca con un monto inicial de 10 millones de dólares echó para atrás su decisión, comentó Gerardo Arroyo, director del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca.

"La situación más crítica es que las invasiones generan inseguridad, generan desestabilidad y eso por supuesto quebranta la confianza en la inversión en el departamento", dijo.

Precisamente una de las promesas de Petro en campaña fue impulsar el agro para compensar el impacto de su plan de reducir la industria extractiva del petróleo y el carbón.

"La propiedad privada se tiene que respetar y si esos preceptos básicos de cómo funciona este país se ponen en riesgo, pues las inversiones por supuesto no llegarán", dijo Nicolás Pérez, presidente del gremio de cultivadores de palma de aceite, Fedepalma.

Pérez comentó que en el último mes dos fincas palmeras sufrieron invasiones en el norte del país, aunque fueron contenidas por los vecinos y trabajadores que lograron un desalojo pacífico.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

Por Nelson Bocanegra


© Reuters 2022
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