BRUSELAS, 22 nov (Reuters) - Los Gobiernos de la eurozona deben coordinar sus políticas fiscales para 2023 para no interferir con los esfuerzos del Banco Central Europeo para frenar la inflación y deben mantener la inversión durante la esperada desaceleración económica, dijo el martes la Comisión Europea.

Las recomendaciones de la Comisión para los 19 países que comparten el euro forman parte de la coordinación de prioridades y política general anual de la UE, según la cual el brazo ejecutivo de la UE elabora la mejor combinación de políticas para el bloque monetario en su conjunto.

La coordinación es aún más importante este año debido a la guerra de Ucrania, la consiguiente crisis de los precios de la energía y la previsible recesión en Europa, retos a los que los distintos países de la zona del euro suelen responder de forma diferente.

"La economía europea se enfrenta a un año de desafíos. Pero si nos mantenemos unidos y damos una respuesta política coordinada, estamos bien situados para afrontarlos", dijo el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Uno de los principales problemas es la cuantía de las ayudas que los Gobiernos ofrecen a los hogares y las empresas para hacer frente a los elevados costes de la energía, ya que Alemania ofrece un paquete de ayudas que duplica el de otras de las grandes economías, Francia e Italia.

Según la Comisión, estas ayudas no sólo distorsionan la competencia en el mercado único de la UE, sino que también actúan como estímulo fiscal y van en contra de los esfuerzos del BCE por reducir la inflación, que está en niveles récord.

El efecto negativo se ve amplificado por el hecho de que el 70% de las medidas de apoyo del Gobierno son generales y serán difíciles de eliminar, en lugar de ser temporales y estar dirigidas a los más vulnerables de la economía, dijo la Comisión.

"Los Estados miembros de la zona del euro deben seguir coordinando las políticas fiscales para apoyar el retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2% a medio plazo del Banco Central Europeo", dijo.

"(Deben) garantizar que el apoyo prestado a los hogares y las empresas sometidos a tensiones financieras a causa de la crisis energética sea rentable, temporal y esté dirigido a los más vulnerables, en particular las PYME", dijo.

La Comisión recomendó a los Gobiernos que establecieran un sistema en el que el Estado subvencionara un determinado nivel de consumo de energía, pero que todo lo que superara ese nivel tuviera que pagarse al precio más alto del mercado, para garantizar que hubiera un incentivo para el ahorro de energía.

La Comisión también instó a los Gobiernos a no recortar la inversión pública cuando la economía entre en una recesión técnica -definida como dos trimestres consecutivos de contracción- una tarea que se vería facilitada por las subvenciones disponibles en el fondo de recuperación postpandémica de la UE.

A la hora de influir en la evolución de los salarios, los Gobiernos deben buscar un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores en un momento de subidas récord de los precios al consumo, y la limitación de los llamados efectos de segunda ronda sobre la inflación --cuando el aumento de los salarios desencadena nuevas subidas de precios--, añadió la Comisión.

(Reporte de Jan Strupczewski; edición de Emelia Sithole-Matarise, editado en español por José Muñoz en la redacción de Gdansk)