Funcionarios de la región petrolera de Khuzestan, donde se encuentra Abadan, dijeron que el número de muertos había aumentado a 29 personas y que otras 37 habían resultado heridas en el derrumbe del edificio residencial y comercial de 10 pisos ocurrido el lunes. Hasta el momento, 13 personas han sido detenidas por violaciones de la construcción, dijeron.

Las autoridades que investigan la catástrofe han detenido a los alcaldes actual y pasado de Abadan y a varios otros empleados municipales, en medio de acusaciones de que se ignoraron las advertencias de seguridad.

El gobierno anunció un día de luto nacional el domingo para honrar a las víctimas del derrumbe, dijeron los medios estatales.

La agencia Fars dijo que una protesta en Abadan el viernes por la noche se volvió violenta cuando la multitud entró por la fuerza en las ruinas del edificio, donde continuaban las operaciones de rescate. La policía lanzó gases lacrimógenos y disparos de advertencia, dijo.

Las imágenes en las redes sociales mostraban a la gente corriendo para ponerse a cubierto. Se oían gritos de "No disparen, no disparen" y el sonido de los disparos. Reuters no pudo autentificar de forma independiente las imágenes.

Un vídeo no verificado de la ciudad portuaria de Khuzestan, Mahshahr, mostraba a los manifestantes gritando: "Robaron el petróleo y el gas, se llevaron nuestra sangre".

También se han celebrado marchas en solidaridad con las protestas de Abadán en varias zonas cercanas de Juzestán, así como en Shahin Shahr, en el centro de Irán, y en la ciudad sureña de Shiraz, según otras publicaciones no verificadas en los medios sociales.

El vicepresidente primero, Mohammad Mokhber, declaró el viernes a la televisión estatal que creía que la "corrupción generalizada" entre el constructor, el contratista y los organismos supervisores era la responsable del desastre.

Al igual que durante las anteriores protestas por la subida de los precios de los alimentos, los residentes han denunciado la interrupción de los servicios de Internet, un aparente intento de frenar el uso de las redes sociales para organizar concentraciones y difundir vídeos. Los funcionarios niegan haber bloqueado el acceso a Internet.