Conocidas como diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, las normas fueron propuestas por la Comisión Europea a principios de este año y se aplicarían a unas 13.000 grandes empresas, exigiéndoles no sólo que identifiquen los impactos, sino que adopten medidas para mitigarlos o ponerles fin.
Forma parte de un paquete de medidas del "acuerdo verde" de la UE que incluye requisitos de divulgación de la sostenibilidad por separado para las empresas, así como para el sector financiero, y para los gestores de activos.
"Se trata de un compromiso muy frágil, pero creemos que hemos conseguido alcanzar el equilibrio adecuado", declaró Jozef Sikela, ministro de Industria y Comercio de la República Checa, que ocupa la presidencia de la UE y que presidió la reunión del jueves de los ministros de Industria de la UE.
"Este es el máximo común denominador que hace que todos estén igualmente descontentos", dijo Sikela. "Puedo concluir que hemos alcanzado un enfoque general sobre esta directiva. El Consejo ha demostrado su determinación en una pieza legislativa tan importante".
Tras los esfuerzos de Francia y otros países, el compromiso permite a los Estados de la UE excluir a las empresas de servicios financieros dentro de sus fronteras nacionales.
Francia dijo que ya había sido pionera en la elaboración de normas en 2017 que exigían a las empresas el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, incluso en los proveedores.
La World Benchmarking Alliance, que hace campaña a favor de las empresas sostenibles, dijo que el acuerdo confirmaba que, en principio, las finanzas podrían ser legalmente responsables de la gestión de los derechos humanos y los riesgos medioambientales, una medida que algunos estados de la UE habían argumentado que no era adecuada para el sector.
"Los Estados miembros de la UE han destripado los planes para impedir que las empresas alimenten los abusos de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente", dijo Aurelie Skrobik, activista de la responsabilidad corporativa de Global Witness.
El compromiso de los Estados miembros introduce un periodo de introducción gradual, que se aplicará primero a las empresas con más de 1.000 empleados y 300 millones de euros de facturación neta global.
El Parlamento Europeo tiene voz conjunta sobre las normas y no se espera que su comisión de asuntos jurídicos vote las propuestas hasta marzo.
A continuación, ambas partes se sentarán a negociar un acuerdo final que se convierta en ley y entre en vigor en un plazo de tres años, y es probable que los servicios financieros sean el centro de atención en las duras negociaciones.
