La Comisión de Desarrollo y Reforma de Mongolia Interior dijo en las normas propuestas que las compañías de telecomunicaciones y las empresas de Internet que se dediquen a la criptominería verán revocadas sus licencias comerciales por los reguladores.

También dijo que las autoridades introducirían requisitos más estrictos de ahorro de energía para los parques industriales, centros de datos y plantas de energía que proporcionan sitios o electricidad para los mineros.

Mongolia Interior ya había anunciado en marzo que pondría fin a todos los proyectos de minería de criptomonedas como parte de los esfuerzos para cumplir los objetivos de eficiencia energética. Las medidas llegan en medio de los renovados esfuerzos de China por frenar el comercio especulativo de criptodivisas.

El sábado, un comité del Consejo de Estado dirigido por el viceprimer ministro chino Liu He prometió tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de bitcoins. La semana pasada, tres organismos del sector prohibieron los servicios financieros y de pago para el comercio de monedas virtuales, lo que desencadenó una liquidación del mercado.

Mongolia Interior dijo que respondería a los llamamientos del Consejo de Estado para seguir limpiando el negocio de la criptominería en un intento de purificar la industria de los grandes datos y prevenir los riesgos financieros.

La criptominería es un gran negocio en China, ya que representa más de la mitad del suministro mundial de criptomonedas. Pero el proceso, que consume una gran cantidad de energía, va en contra del objetivo de Pekín de lograr la neutralidad del carbono, dicen algunos analistas.

Según el proyecto de normas del martes, si los grandes centros de datos y las empresas de computación en la nube participan en la criptominería, los reguladores anularían cualquier política preferente de la que disfruten y les obligarían a salir del mercado multilateral de energía de Mongolia Interior.

Las empresas y los individuos que recauden dinero utilizando criptodivisas serían penalizados en virtud de las normas chinas contra la recaudación ilegal de fondos, según el proyecto de medidas.