El proyecto de ley contra la subversión, actualmente en las primeras fases de debate, introduce una pena de 10 años de cárcel por negarse a recitar el himno nacional, una pena de cinco años de cárcel por levantar un "bloqueo ilegal de carreteras" y una condena de tres años por "desobedecer a la autoridad constituida".
Se produce tras las protestas en todo el país contra las reformas económicas que han agravado la crisis del coste de la vida. Terminaron abruptamente tras una mortífera respuesta policial que causó al menos 23 muertos.
Los críticos consideran que la ley propuesta es un intento del gobierno de reprimir la disidencia y limitar las manifestaciones públicas.
El proyecto de ley está patrocinado por Abbas Tajudeen, presidente de la Cámara de Representantes de Nigeria, el brazo inferior del parlamento. Ahora pasa al pleno para una segunda lectura, lo que supone un paso importante en el proceso legislativo de Nigeria.
